El Gobierno de Santa Fe decidió acelerar el paquete de once reformas de seguridad enviado a la Legislatura en mayo y reclama que sea aprobado antes de fin de año. Después de cinco meses de discusiones, consultas y postergaciones, la Casa Gris considera agotado el tiempo de negociación y concentra la presión sobre el Partido Socialista, socio de Unidos que reúne las objeciones más fuertes a varios artículos.
Para el entorno de Maximiliano Pullaro, la urgencia se explica por una evaluación política y operativa: el delito estaría contenido, pero no quebrado. La administración reivindica la reducción de la violencia lograda con su estrategia inicial, aunque sostiene que las organizaciones criminales pueden recomponerse si policías, fiscales y jueces no incorporan nuevas herramientas. La seguridad es además la principal identidad pública del gobernador, por lo que una demora originada en su propia coalición tiene un costo adicional.
Los proyectos quedaron prácticamente congelados mientras la reforma electoral ocupaba la agenda legislativa. Recién en octubre volvieron a las comisiones, con participación del Ministerio Público de la Acusación, la Defensa Pública y la Corte. El primer examen inmediato es llegar al 29 de octubre con dictamen para tres iniciativas. Si no hay acuerdo interno, incluso ese paso parcial puede volver a postergarse.
El paquete contiene medidas sensibles: ampliación de facultades policiales para determinados allanamientos, cambios en la obtención y exclusión de pruebas, declaraciones durante investigaciones, juicios en ausencia y nuevas restricciones para presos de alto perfil. El Ejecutivo presenta el conjunto como una segunda etapa contra el crimen organizado. Sus críticos advierten que modificar reglas procesales sin controles suficientes puede afectar defensa, privacidad y debido proceso.
El socialismo no rechaza toda reforma, pero exige revisar los límites constitucionales. Sus legisladores cuestionan la expansión de atribuciones de policías y fiscales, el alcance del control judicial y la posibilidad de que el Parlamento simplemente convalide textos enviados por el gobernador. La defensora general Estrella Moreno Robinson objetó interrogatorios sin abogado, la extensión del juicio en rebeldía a todos los delitos, allanamientos con controles debilitados y medidas coercitivas dispuestas por fiscales.
La Casa Gris acepta negociar redacciones, incorporar observaciones y corregir artículos, pero fija una frontera: no permitirá que se alteren los ejes. Esa posición busca preservar la eficacia que el Ejecutivo atribuye al paquete, aunque reduce el margen para acuerdos cuando las objeciones no son semánticas sino de diseño institucional. Si una garantía cuestionada es parte del núcleo de la reforma, cambiar palabras puede no resolver el conflicto.
La presión se volvió coordinada. Martín Rosúa, José Corral y la ministra Virginia Coudannes defendieron públicamente las iniciativas, mientras el senador Felipe Michlig aprovechó una sesión con ausencias oficialistas para reclamar compromiso parlamentario y acelerar a Diputados. El endurecimiento expone una paradoja de Unidos: la coalición gobierna con amplitud, pero su diversidad ideológica obliga a negociar precisamente en el área que Pullaro considera más propia.
El próximo paso será determinar si los tres primeros proyectos consiguen dictamen y si ese acuerdo puede extenderse a los ocho restantes. Una sanción sin correcciones suficientes puede derivar en judicialización; una nueva demora debilitará el relato de urgencia del Gobierno. La salida exige distinguir herramientas operativas de restricciones de derechos y documentar los controles. Solo así la reforma podrá aspirar a eficacia sin convertir la seguridad en una fractura permanente de la coalición.
