La Cámara de Diputados de San Luis dio media sanción al proyecto que adapta el procedimiento provincial al nuevo Régimen Penal Juvenil nacional. La votación terminó con 27 respaldos y 10 rechazos del Frente Justicialista, y el expediente pasó al Senado. La reforma no crea por sí sola la baja de edad: responde a la Ley 27.801, aprobada en marzo, que fijó la imputabilidad desde los 14 años y obligó a las provincias a modificar sus códigos, competencias y dispositivos de intervención.
El proyecto cambia el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica de la Administración de Justicia. Define qué jueces, fiscales, defensores y equipos especializados intervendrán en causas que involucren adolescentes y amplía las funciones de la Cámara Gesell para recibir testimonios de menores y personas vulnerables. La elaboración contó, según el oficialismo, con operadores judiciales que trabajan directamente en el régimen juvenil.
La norma combina responsabilidad penal con límites específicos. Para delitos cuya pena prevista sea inferior a tres años no corresponderá prisión. Cuando la escala vaya de tres a diez años y no existan reincidencia, lesiones gravísimas o muerte, el juez podrá sustituir el encierro por medidas como amonestación, restricciones territoriales o de contacto, monitoreo electrónico y prisión domiciliaria. La proporcionalidad y la individualización deberán orientar la decisión.
También se incorporan salidas procesales como criterio de oportunidad, mediación, suspensión del juicio a prueba y procedimientos abreviados. El enfoque pretende evitar que toda causa termine en encierro y fortalecer herramientas restaurativas y socioeducativas. La legislación exige que el adolescente comprenda el daño, asuma responsabilidad y pueda reinsertarse, al tiempo que reconoce la reparación y los derechos de las víctimas.
Si existe privación de libertad, deberá cumplirse en instituciones especializadas, separadas de adultos y con personal capacitado en niñez y adolescencia. El encierro debe ser el último recurso, durante el menor tiempo posible y sujeto a revisión. La identidad del menor tendrá que mantenerse reservada para evitar exposición pública y estigmatización. Esas garantías responden a tratados internacionales y a antecedentes que limitaron las penas extremas aplicadas a menores.
La oposición no centró su rechazo únicamente en el debate sobre la edad. Los legisladores justicialistas reclamaron precisiones sobre presupuesto, infraestructura, capacitación y distribución de funciones. La objeción apunta a una cuestión práctica: una ley puede describir jueces especializados, instituciones adecuadas y seguimiento interdisciplinario, pero su cumplimiento depende de edificios, equipos técnicos, defensores, transporte y programas de salud y reinserción.
El oficialismo respondió que San Luis ya cuenta con fiscales y defensores especializados, comisarías y un procedimiento juvenil que será adaptado. También recordó anuncios de Claudio Poggi para refaccionar las Comisarías de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia, adquirir vehículos y capacitar equipos. Los ministerios de Desarrollo Humano y Salud sostienen programas de prevención de adicciones y centros específicos en la capital y La Toma. El desafío será verificar plazos, cobertura y dotación.
El Senado deberá ahora revisar el texto y definir si mantiene el diseño aprobado. Antes de la implementación, la Provincia necesita publicar un plan operativo con presupuesto, infraestructura, formación y evaluación. La eficacia del régimen no se medirá por la cantidad de adolescentes procesados, sino por su capacidad para proteger a las víctimas, garantizar defensa especializada, reducir reincidencia y evitar que la respuesta penal reemplace políticas sociales que deberían actuar antes del delito.
