El gobierno de Alfredo Cornejo cerró 2025 con un decreto destinado a administrar el gasto público mendocino durante 2026. La norma 2974, publicada el 31 de diciembre y firmada por el gobernador y su gabinete, establece topes trimestrales, restricciones para nuevas incorporaciones y controles sobre contratos, bienes y servicios. El argumento oficial es preservar el equilibrio presupuestario sin interrumpir la prestación de servicios esenciales.
El núcleo del esquema es un ritmo acumulativo para la Administración Central y los organismos descentralizados. En el primer trimestre podrá ejecutarse hasta el 15% del presupuesto; en el segundo se habilita otro 25%, con un acumulado de 40%; en el tercero se suma 25%, hasta 65%; y en el cuarto queda disponible el 35% restante para completar el 100%. La secuencia busca acompasar las erogaciones con la evolución real de los ingresos.
La regulación agrega un freno temporal sobre la planta estatal. Los nuevos trámites vinculados con incorporaciones quedan suspendidos hasta abril, mientras las áreas deberán revisar necesidades y acelerar las gestiones jubilatorias del personal que reúna las condiciones. Las limitaciones no se presentan como una eliminación general de puestos, sino como un filtro previo para evitar que decisiones de personal amplíen compromisos permanentes sin respaldo financiero.
Los contratos y gastos operativos también quedan bajo seguimiento. Cada jurisdicción deberá ajustar su ejecución a los límites fijados y justificar excepciones ante las autoridades económicas. El Ministerio de Hacienda y Finanzas, conducido por Víctor Fayad, fue facultado para observar la marcha de la recaudación y adoptar medidas adicionales si los recursos no acompañan el cronograma. El control no termina en la autorización inicial: continuará durante todo el ejercicio.
La disposición sobre celulares oficiales vuelve visible el alcance cotidiano del ajuste. Los equipos se reservan para autoridades superiores, aunque cada ministro podrá autorizar otros casos por razones fundadas de servicio. Los agentes que tengan un aparato sin esa aprobación deberán devolverlo dentro de 30 días hábiles a la Dirección de Informática y Comunicaciones; de lo contrario, el gasto podrá ser facturado a quien figure como responsable del dispositivo.
El decreto rige desde el primer día hábil de 2026 y se mantendrá hasta que sea reemplazado por la regulación del ejercicio siguiente. También invita a otros poderes y municipios a adoptar criterios similares. La prueba será doble: cumplir los porcentajes sin trasladar atrasos al final del año y demostrar que las restricciones administrativas generan ahorro verificable sin deteriorar salud, educación, seguridad y el resto de los servicios que el propio Ejecutivo promete preservar.
