La negociación por 39 trabajadores despedidos de Conarpesa quedó atravesada por una condición ajena a la reincorporación. Fernando Álvarez Castellano, presidente de la pesquera de Puerto Madryn, dijo que no participará de las audiencias convocadas por la Secretaría de Trabajo de Chubut si José Díaz, secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, no se realiza un examen toxicológico. El empresario prometió someterse al mismo control y difundir públicamente su resultado.
La exigencia apareció después de que Díaz lo acusara de consumir drogas, en medio de un enfrentamiento que ya había incluido una denuncia sindical por supuestas amenazas telefónicas contra el dirigente. El conflicto laboral se originó con el despido de 39 personas acusadas por la empresa de haber ocupado las instalaciones administrativas de la planta el 15 de julio. La discusión sobre esos hechos fue desplazada por declaraciones personales que ahora condicionan el espacio institucional de diálogo.
La audiencia de conciliación de la semana anterior no produjo avances porque Conarpesa no envió a sus directivos. La compañía ratificó por escrito los 39 despidos y negó que existiera un conflicto colectivo. Luis Núñez, secretario general del STIA, calificó las cesantías como arbitrarias y sostuvo que la nueva exigencia empresarial funciona como una maniobra para evitar las audiencias y eludir una respuesta sobre la situación de los trabajadores.
Los despedidos rechazan la acusación de violencia vinculada con la presencia en las oficinas. Vladimir Rodríguez, uno de los afectados, afirmó que existen fotografías y videos que muestran un reclamo pacífico. Explicó que la protesta buscaba exigir el cumplimiento de un alta de temporada acordada previamente. La mayoría de quienes perdieron su puesto son trabajadores efectivos discontinuos, algunos con hasta 17 años de antigüedad, y entre ellos hay numerosas mujeres que dependen de la actividad pesquera.
Conarpesa también impugnó la conciliación obligatoria y sostiene que los despidos se justifican por una injuria grave. El sindicato y los empleados esperan una resolución de la Secretaría de Trabajo, mientras Álvarez Castellano mantiene que su presencia depende del examen reclamado a Díaz. Así, la empresa vincula su participación en una instancia laboral convocada por la autoridad provincial con una disputa personal que no resuelve ni la validez de las cesantías ni el reclamo de reincorporación.
El próximo movimiento corresponde a la autoridad laboral de Chubut. Debe pronunciarse sobre la impugnación de la conciliación y encauzar un conflicto en el que la empresa ya había faltado a una audiencia. Hasta que exista esa decisión, los 39 despidos permanecen ratificados, los trabajadores sostienen que su acción fue pacífica y el diálogo continúa bloqueado por una condición toxicológica que pasó a ocupar el centro de una negociación originalmente destinada a discutir puestos de trabajo.
