La Legislatura de San Luis incorporó a representantes universitarios en la séptima reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Labor Parlamentaria de ambas cámaras. El encuentro, realizado durante más de tres horas en el Salón Azul, fue encabezado por el vicegobernador Ricardo Endeiza y reunió a autoridades, docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de San Luis y de la Universidad Católica de Cuyo. La participación amplió la discusión del proyecto de reforma parcial impulsado por el gobernador Claudio Poggi.
El constitucionalista Cristian Altavilla presentó los fundamentos, objetivos y mecanismos de la iniciativa y respondió preguntas sobre la función de una eventual Convención Constituyente. El intercambio abordó el impacto de la reforma sobre el ordenamiento jurídico provincial, la incorporación de derechos y las herramientas para fortalecer las instituciones. La reunión tuvo carácter informativo y consultivo: no aprobó todavía la necesidad de reformar la Constitución ni puso en marcha la Convención.
La propuesta se organiza alrededor de la alternancia, la austeridad y la modernización institucional. Entre sus cambios políticos incluye un límite estricto a la reelección de gobernador y vicegobernador, la incorporación de una segunda vuelta electoral y la eliminación de los comicios de medio término mediante un ciclo de cuatro años. También plantea ampliar el período de sesiones ordinarias, con el argumento de reducir las campañas permanentes y concentrar la gestión en períodos más estables.
En el Poder Judicial, el texto propone crear un Ministerio Público extrapoder, modificar el Consejo de la Magistratura e introducir un límite de edad para futuras designaciones en la Justicia, el Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas. Los cambios son presentados como instrumentos para reforzar independencia y control. Su aplicación, sin embargo, dependerá de la redacción que finalmente autorice la Legislatura y del texto que eventualmente sancione una Convención Constituyente.
El capítulo de derechos de cuarta generación incluye la protección de la identidad digital, la conectividad y los datos personales frente al uso de algoritmos. También propone jerarquizar constitucionalmente el agua como recurso estratégico y fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública. En materia federal, la iniciativa incorpora una cláusula de autonomía provincial, una mayor participación en el debate por la coparticipación y la posibilidad de establecer capitales alternas mediante una ley especial.
La incorporación de las universidades permitió que docentes y estudiantes discutieran tanto el contenido como el procedimiento de la reforma con legisladores, Altavilla y el vicegobernador. El próximo paso institucional no es la modificación automática de la Constitución, sino el avance del proyecto que declara su necesidad y define los temas habilitados. Solo después de esa decisión podrá integrarse una Convención con competencia para redactar los cambios dentro de los límites fijados por la ley.
