El oficialismo y sus aliados dialoguistas avanzaron en el Senado con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada después de retirar el capítulo que modificaba el régimen de tierras rurales. La votación se proyectaba para después de la medianoche por la cantidad de oradores y por la disputa sobre varios artículos. El Gobierno llegaba con una mayoría ajustada y con especial incertidumbre en torno de los cambios a la Ley de Manejo del Fuego.
La eliminación del apartado de extranjerización fue formalizada ante el recinto por Agustín Coto, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y miembro informante del oficialismo. El capítulo había perdido apoyos dentro de la oposición dialoguista por la presión política y social de las semanas previas. Sin ese contenido, el eje se desplazó hacia la aceleración de desalojos, los nuevos límites para las expropiaciones estatales y el uso de predios productivos afectados por incendios.
El capítulo sobre desalojos dispone que los procesos urbanos y rurales tramiten por juicio sumarísimo. Permite al propietario pedir la restitución inmediata frente a intrusos o tenedores precarios después de trabada la litis y fija una intimación de diez días hábiles para abandonar una vivienda por falta de pago. Tras una negociación con sectores dialoguistas, se incorporó la intervención obligatoria de organismos de protección cuando existan menores o personas con discapacidad, junto con un plazo de hasta diez días para procurar una alternativa habitacional.
La iniciativa también endurece las condiciones para expropiar. La declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva, identificar con precisión el fin perseguido y demostrar que la medida es idónea, necesaria y proporcional. La indemnización se calculará sobre el valor de mercado y los daños directos; el lucro cesante tendrá un tope del 30% del daño emergente salvo prueba fehaciente de una afectación mayor. Los montos se actualizarán por IPC más intereses y las ocupaciones temporales quedarán limitadas a noventa días, con una sola prórroga igual ante circunstancias graves.
Otro capítulo extiende a agricultores familiares el mecanismo de regularización dominial rural por diez años de la denominada Ley Pierri. En materia de incendios, el texto elimina restricciones para utilizar o vender pastizales y predios productivos afectados por el fuego, pero mantiene la prohibición de cambiar el uso y destino de bosques nativos y reservas forestales. Esa diferencia concentró parte del debate, porque oficialismo y oposición discutieron si la reforma protege la producción o reduce herramientas preventivas.
El bloque peronista intentó devolver el proyecto a comisión, una moción rechazada por 38 votos contra 31. Afuera del Congreso, una movilización contraria a la ley terminó con incidentes cuando buena parte de los asistentes ya se había retirado. La definición quedó entonces en el voto particular de los capítulos restantes: el retiro de Tierras evitó la caída total del proyecto, pero no resolvió las objeciones sobre vivienda, expropiaciones y fuego que acompañaron la sesión hasta su tramo final.
