La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires aprobó por unanimidad un informe que detectó debilidades en la atención policial de casos de violencia familiar y de género. El trabajo examinó durante 2024 el funcionamiento de la Superintendencia especializada y fue aprobado el 22 de julio. Sus conclusiones muestran que la existencia de protocolos y dependencias específicas no garantiza por sí sola una respuesta integral cuando una víctima pide ayuda.
El dato más directo afecta la recepción inicial de las denuncias. La presidenta del organismo, Mariana Gagliardi, informó que el 26,2% no pudo ser atendido por el área especializada debido a la falta de dependencias específicas. Más de una de cada cuatro presentaciones quedó así en manos de personal de comisarías comunales que no contaba con la capacitación correspondiente para intervenir en situaciones de violencia de género.
La auditoría también observó un problema en el circuito de emergencias. La Superintendencia no recibía de manera directa y oportuna la información sobre los casos ingresados a través del 911. Al mismo tiempo, su participación no era obligatoria en todos los requerimientos judiciales vinculados con esta clase de violencia, por lo que podían adoptarse medidas preventivas sin asesoramiento de profesionales especializados.
La formación básica de los agentes constituye otro punto crítico. El Instituto Superior de Seguridad Pública no incluía en su currícula contenidos específicos sobre violencia de género y la normativa tampoco delimitaba con claridad las responsabilidades de la Superintendencia y de sus dependencias. Esa combinación deja vacíos tanto en la preparación del personal como en la distribución institucional de las tareas que deben cumplirse frente a una denuncia.
El control encontró además que los sistemas informáticos del Gobierno porteño y de la Policía de la Ciudad no estaban correctamente integrados. Las estadísticas resultantes no reflejaban con precisión las bases del área y ofrecían información poco confiable para planificar políticas o evaluar resultados. Aunque el informe reconoció que existe una estructura especializada, con protocolos, asistencia y seguimiento, concluyó que las fallas de coordinación reducen la eficacia del conjunto.
Gagliardi reclamó a la gestión de Jorge Macri que corrija las deficiencias y resumió las prioridades en personal capacitado, intervención especializada y datos confiables. El documento aprobado no anuncia todavía una reforma concreta ni fija un cronograma de aplicación. El próximo paso corresponde al Gobierno de la Ciudad: deberá convertir las observaciones del órgano de control en cambios operativos sobre capacitación, circulación de información y actuación policial.
