Carlos Quaranta, concejal de Carlos Paz Inteligente, volvió a presentar un proyecto para eliminar la Defensoría del Pueblo de la Carta Orgánica Municipal de Villa Carlos Paz. La iniciativa había sido impulsada en julio de 2025, pero perdió estado parlamentario al no ser tratada. Su reaparición abre un debate institucional con dos propuestas diferentes sobre el futuro del organismo.
El Ejecutivo encabezado por Esteban Avilés propone modificar dos artículos para que el defensor y su adjunto sean elegidos por los concejales. Quaranta plantea una reforma más profunda: convocar una Convención Constituyente exclusiva que suprima el capítulo III del Título Segundo, integrado por los artículos 171 a 181. Una opción cambia el mecanismo de designación; la otra elimina la figura de la Carta Orgánica.
El concejal fundamentó su posición en la baja participación registrada en la elección de 2025. Solo votó el 17% del padrón y el 83% se abstuvo. Quaranta interpretó esa ausencia como rechazo ciudadano y cuestionó la legitimidad de mantener la estructura. También estimó que el presupuesto municipal asigna alrededor de $600 millones a la Defensoría durante 2026, monto que se actualiza con el presupuesto general.
La propuesta no pretende dejar sin canales de reclamo a los vecinos. Quaranta sugirió conservar la atención de Defensa del Consumidor mediante un convenio provincial, fortalecer el control del Concejo Deliberante y activar el Ente Regulador de los Servicios Públicos previsto en la Carta Orgánica. Ese organismo autónomo debería fiscalizar las prestaciones municipales, una función que hoy forma parte de los asuntos atendidos por la Defensoría.
El edil cuestionó además la cercanía que atribuye al organismo con el Departamento Ejecutivo. Citó su intervención en el conflicto entre la Municipalidad y la Cooperativa Integral por agua y cloacas, y contrastó esa actividad con el silencio que le reprochó durante el corte de agua de enero de 2025. También objetó posiciones asumidas sobre la situación ambiental del lago San Roque, por considerarlas politizadas y alejadas de la defensa cotidiana de los vecinos.
Quaranta propuso que cada concejal atienda periódicamente reclamos y los canalice hacia las áreas correspondientes. El proyecto deberá competir ahora con la reforma del Ejecutivo dentro del Concejo Deliberante. Ninguna de las dos alternativas está vigente: la continuidad, la forma de elección o la eliminación de la Defensoría dependerán del procedimiento previsto para modificar la Carta Orgánica y de los apoyos que cada iniciativa reúna.
