Osvaldo Jaldo respondió a la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 90 de la Constitución tucumana y convirtió el expediente en una confrontación directa con Juan Manzur. El gobernador sostiene que la demanda busca excluirlo anticipadamente de las elecciones de 2027 y anunció que el senador nacional será el primer testigo propuesto por la Provincia cuando el proceso judicial avance.
El argumento central de Jaldo es que el artículo 90 habilita un primer mandato y una reelección. Para demostrar que esa fue la interpretación aplicada, recordó que Manzur fue elegido gobernador, utilizó luego la posibilidad de una segunda gestión consecutiva y presidió en 2006 la Convención Constituyente que redactó la norma. Según el mandatario, impedirle ahora una reelección significaría negar el criterio que rigió para su antecesor.
La oposición plantea el caso de otro modo. La acción judicial busca que la Justicia determine si la trayectoria previa de Jaldo como vicegobernador y su actual mandato limitan una nueva candidatura a gobernador. El litigio, por lo tanto, no se reduce a una discusión abstracta sobre el texto: definirá quién puede competir, cómo se computan las funciones sucesivas dentro de la fórmula ejecutiva y qué alcance tiene la cláusula de reelección.
Jaldo intentó además cuestionar la legitimidad política de Manzur para impulsar o respaldar la impugnación. Recordó que el senador encabezó la reforma constitucional y que, en 2023, buscó ser candidato a vicegobernador después de dos mandatos como gobernador y dos anteriores como vice. La Justicia bloqueó aquella fórmula. El actual gobernador utiliza ese antecedente para sostener que Manzur ya agotó sus posibilidades, mientras él estaría buscando recién su segunda gestión como titular del Ejecutivo.
La conferencia incluyó expresiones de fuerte confrontación. Jaldo afirmó que Manzur deberá volver a Tucumán a declarar y agregó que quizá deba “devolver”, sin precisar en esa frase un objeto jurídico concreto. También lo acusó de actuar detrás de escena y de cuestionar la Constitución que ayudó a redactar. Esas declaraciones pertenecen al terreno político y no sustituyen la prueba que cada parte deberá presentar en el expediente.
El gobernador también diferenció las posiciones opositoras. Consideró más razonable el planteo de Lisandro Catalán, referente de La Libertad Avanza, según el cual una impugnación podría formularse cuando la candidatura quede formalizada. Jaldo anunció que ese paso ocurrirá el 9 de abril y calificó de abstracta una objeción anterior. En cambio, respondió con mayor dureza al diputado Mariano Campero y al propio Manzur.
La disputa judicial profundiza una fractura peronista que ya se expresa en actos, afiches y discursos. Manzur manifestó su voluntad de recuperar el peronismo tucumano y desafió públicamente a Jaldo de cara a la elección del 9 de mayo de 2027. El gobernador interpreta la demanda como reconocimiento de su fortaleza electoral; sus adversarios la presentan como un mecanismo preventivo para garantizar que la competencia respete los límites constitucionales.
El próximo paso será la notificación formal a la Provincia, la presentación de la defensa y la definición de la prueba, incluida la eventual citación de Manzur. La Justicia deberá separar los ataques personales de la cuestión constitucional y fijar una interpretación antes del calendario electoral. El fallo no solo determinará la habilitación de Jaldo: ordenará la interna oficialista, condicionará las alianzas opositoras y establecerá un precedente sobre la sucesión entre vicegobernación y gobernación.
