El Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz quedó atrapado entre una crisis productiva y una disputa de poder que alcanza a su propia conducción. Circulan versiones sobre conversaciones entre el Gobierno nacional y la administración provincial para intervenir el SIPGER, pero la información disponible no menciona una resolución formal ni un acto administrativo que confirme la medida.
El conflicto tiene como protagonistas a Rafael Güenchenen, secretario general del gremio, y al gobernador Claudio Vidal, quien dirigió la organización antes de asumir el Ejecutivo. Güenchenen heredó la conducción cuando Vidal pasó a la política provincial. La relación, inicialmente coordinada frente a las operadoras, se deterioró cuando ambos comenzaron a discrepar sobre la salida de YPF y la respuesta a la caída del empleo.
YPF abandonó diez áreas convencionales maduras del Golfo San Jorge para concentrar inversiones en desarrollos no convencionales. El sindicato cuestionó las condiciones del retiro y responsabilizó políticamente a Vidal por un entendimiento que, según su lectura, no protegió los puestos laborales. También reclamó que las nuevas operadoras cumplan sus planes de inversión, mantengan el empleo e incorporen trabajadores santacruceños.
La tensión se volvió abierta en abril de 2026, cuando el SIPGER lanzó un paro por tiempo indeterminado frente a despidos y falta de actividad. Más tarde, el conflicto llegó a la Legislatura durante el debate de la emergencia hidrocarburífera. En octubre, el sindicato rechazó una prórroga y exigió discusión pública de los planes empresarios; el archivo del proyecto fue presentado por la conducción como un triunfo.
Güenchenen enfrenta además cuestionamientos internos. Trabajadores activos, desocupados y extrabajadores convocaron una asamblea en Pico Truncado para discutir la continuidad de las autoridades y pedir nuevas elecciones. Entre sus impulsores aparecen Marcelo Salguero y Martín Oñate. Los autoconvocados denunciaron presuntas irregularidades en desvinculaciones, contrataciones y representación, afirmaciones que requieren investigación y derecho de respuesta.
La disputa sindical se desarrolla sobre un deterioro económico profundo. Las estimaciones citadas ubican en alrededor de 8.000 los puestos directos e indirectos perdidos entre Santa Cruz y parte de Chubut después de la retirada de YPF. Las Heras, Pico Truncado y Cañadón Seco quedaron especialmente expuestas por su dependencia histórica de los yacimientos, los proveedores y el consumo asociado a la actividad.
Las áreas fueron transferidas mediante Fomicruz a Patagonia Resources, Clear Petroleum, Roch Proyectos, Azruge, Brest y el consorcio de Quintana, con compromisos de inversión superiores a US$1.250 millones hasta 2031. El primer balance fue desigual: Patagonia Resources y Roch redujeron la extracción entre noviembre y diciembre de 2025, mientras Clear y Quintana la incrementaron. El cambio de operadores, por lo tanto, no produjo una recuperación uniforme.
El próximo paso exige separar rumores, decisiones institucionales y reclamos laborales. Si existe un trámite de intervención, deberá conocerse su fundamento, autoridad competente y efecto sobre la representación de los afiliados. En paralelo, el gremio y el Gobierno siguen enfrentando desafíos más amplios: verificar inversiones, recuperar empleo, resolver pasivos ambientales y establecer si habrá elecciones internas capaces de recomponer legitimidad sin agravar la crisis de la cuenca.
