La Comisión Especial Investigadora del caso LeoLabs realizará el 10 de noviembre una inspección en la estancia El Relincho, en Tolhuin, donde se encuentra instalado el radar que dio origen a una controversia política, ambiental y de soberanía. La medida fue convocada por Pablo Villegas, presidente de la comisión, y contará con participación del Ministerio de Producción y Ambiente y de la Dirección Provincial de Energía.
La inspección busca trasladar al terreno una investigación que hasta ahora se apoyó principalmente en expedientes, testimonios y documentación administrativa. Los legisladores quieren verificar la situación actual del radar, las conexiones, el estado ambiental del predio y el cumplimiento de las medidas que dispusieron el cese o control de actividades.
Pablo Villegas aparece como protagonista porque la comisión que conduce tiene plazo hasta el 15 de diciembre para cerrar su trabajo y elaborar un informe final. Antes de esa fecha debe reconstruir quiénes intervinieron en las autorizaciones otorgadas desde 2021 y 2022, qué controles se realizaron y qué responsabilidades políticas o técnicas pueden corresponder.
El caso adquirió sensibilidad por tratarse de una instalación de una empresa vinculada con capitales británicos en Tierra del Fuego, provincia atravesada por la cuestión Malvinas. Esa dimensión soberana exige precisión. La investigación debe distinguir entre riesgos concretos, incumplimientos administrativos y valoraciones políticas, evitando convertir sospechas en hechos sin respaldo técnico.
La comisión también enfrenta dificultades para obtener testimonios. Funcionarios y exfuncionarios citados no asistieron a reuniones recientes, y algunos legisladores evalúan sesionar en Río Grande para facilitar las comparecencias. La falta de testimonios no impide avanzar con documentos, pero puede dejar vacíos sobre cómo se tomaron decisiones y qué información tuvo cada autoridad.
La presencia de especialistas durante la visita será clave. Una inspección legislativa puede registrar hechos visibles, pero evaluar capacidad técnica del radar, emisiones, conexiones, manejo ambiental o estado operativo requiere conocimiento profesional. Los informes del Ministerio y de la DPE deberían incorporarse al expediente con metodología y conclusiones verificables.
Villegas decidió además abrir la inspección a los medios de comunicación. Esa transparencia puede fortalecer la confianza si se preservan zonas técnicas y pruebas sensibles. La cobertura pública permite mostrar qué se observa y qué no, y reduce el margen para interpretaciones basadas únicamente en versiones partidarias.
El próximo paso será documentar la inspección, completar testimonios y producir el informe antes del 15 de diciembre. Pablo Villegas deberá demostrar que la comisión puede transformar una controversia de alta carga política en una reconstrucción rigurosa de hechos, autorizaciones y responsabilidades. La utilidad del trabajo dependerá de la calidad de la prueba y de recomendaciones concretas para evitar que situaciones similares se repitan.
