El Gobierno nacional negó a la provincia de Buenos Aires la autorización necesaria para contratar un crédito internacional de USD 270 millones destinado a una planta de tratamiento de líquidos cloacales para La Plata, Berisso y Ensenada. La decisión dejó sin una fuente definida de financiamiento a una obra concebida para enfrentar una contaminación histórica en la cuenca del Río de la Plata y trasladó la disputa entre Javier Milei y Axel Kicillof desde el plano presupuestario a un expediente judicial.
La posición federal quedó formalizada ante el Juzgado Federal N° 4 de La Plata, a cargo de Alberto Recondo, mediante un escrito firmado por el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, Martín Tolivia. El Ministerio de Economía sostuvo que la Nación no está obligada a aprobar todos los pedidos provinciales. Como garante de préstamos internacionales, argumentó, debe priorizar proyectos según las necesidades nacionales y los cupos limitados de cada organismo multilateral.
El documento ofreció tres alternativas a la administración de Kicillof: financiar la planta con recursos propios, buscar una fuente sin garantía federal o modificar créditos ya vigentes para incorporar el proyecto. También señaló que los montos disponibles deben distribuirse entre las 24 jurisdicciones y el Estado nacional. Según el cálculo presentado por Economía, Buenos Aires ya acumulaba préstamos internacionales por unos USD 2.241 millones y tenía cerca de USD 756 millones pendientes de ejecución.
El Ministerio de Infraestructura bonaerense respondió que la escala de la obra vuelve inviables esas opciones dentro del presupuesto ordinario. La planta tenía un costo estimado de $450.000 millones, equivalente al 43% de los gastos de capital de la cartera conducida por Gabriel Katopodis y al 70% de los créditos asignados a Inversión Real Directa. Pagarla exclusivamente con fondos provinciales obligaría a concentrar la mayor parte de la inversión en un único proyecto.
Ese desplazamiento afectaría obras de agua potable, saneamiento, hidráulica, energía, vialidad y otros programas de infraestructura. A junio de 2026, la Provincia administraba 17 operaciones internacionales por USD 2.455 millones: USD 1.957,8 millones aportados por organismos y USD 497,4 millones de contrapartida bonaerense. Los desembolsos acumulados sumaban USD 1.175,6 millones y al menos diez operaciones requerían el aval del Ministerio de Economía nacional.
La cartera provincial trabajaba con el BID, el Banco Mundial, CAF, BEI, KFAED y FONPLATA en proyectos de servicios e infraestructura. Además de la planta cloacal, el listado pendiente incluía el desarrollo sustentable de las cuencas de los arroyos San Francisco y Las Piedras, con un túnel y conductos aliviadores. Cuatro préstamos próximos a vencer necesitaban prórrogas, entre ellos la planta potabilizadora y el recambio de cañerías para La Plata, Berisso y Ensenada; otros cuatro vencían en 2027.
La negativa contrastó con 18 autorizaciones concedidas por Luis Caputo a diez provincias, por inversiones estimadas en USD 1.973 millones, sin que Buenos Aires recibiera ninguna. Los avales alcanzaron programas de Jujuy, Salta, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Neuquén, Chaco, Río Negro y Misiones. Entre ellos figuraban USD 50 millones del BID para desarrollo productivo salteño, USD 140 millones de FONPLATA para agua en Mendoza y USD 75 millones de CAF para una obra similar en Córdoba.
El Gobierno nacional presentó esa distribución como una administración de recursos escasos; la Provincia la interpretó como un bloqueo que la obliga a elegir entre abandonar el proyecto o desplazar buena parte de su presupuesto de capital. El expediente ante el juez Recondo quedó como el próximo escenario de definición, mientras seguían pendientes el aval de USD 270 millones y las prórrogas de otros créditos. Hasta que hubiera una resolución o una fuente alternativa, la planta cloacal del Gran La Plata permanecía técnicamente diseñada pero financieramente detenida.
