El proceso de relicitación de corredores viales nacionales dejó sin empleo a 150 trabajadores de estaciones de peaje en Corrientes. Las desvinculaciones alcanzaron al personal del corredor del Litoral que prestaba tareas en el puente interprovincial General Belgrano, Riachuelo e Ituzaingó, sobre la Ruta Nacional 12. Las indemnizaciones fueron liquidadas, pero los exempleados todavía no recibieron una definición sobre posibles incorporaciones por parte de los nuevos concesionarios.
La salida del personal ocurrió durante el cambio de esquema de administración vial impulsado por el Gobierno nacional. La Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía adjudicó ocho tramos de rutas a operadores privados por 20 años. En conjunto comprenden más de 3.900 kilómetros distribuidos en 11 provincias. Los contratos prevén explotación sin subsidios estatales directos y financiamiento principalmente mediante el cobro de peajes.
La preocupación laboral se concentra en la automatización. Los pliegos incorporan sistemas de pago electrónico y códigos QR que pueden reducir la necesidad de operadores en cabinas. Esa tecnología no determina por sí sola la dotación futura, porque también existen tareas de mantenimiento, seguridad vial, administración y atención al usuario. Sin embargo, hasta ahora no se difundieron compromisos de absorción, cupos de empleo ni mecanismos de prioridad para quienes fueron desvinculados. Tampoco se conoció un programa específico de capacitación financiado por el concedente o por las empresas adjudicatarias.
Los tres puntos afectados tienen funciones territoriales diferentes. El puente General Belgrano conecta Corrientes con Resistencia y sostiene un flujo urbano e interprovincial intenso. Riachuelo e Ituzaingó integran el corredor de la Ruta 12, clave para pasajeros, cargas y producción regional. El reemplazo del operador no implica el cierre de las rutas ni necesariamente la desaparición de las estaciones: el hecho confirmado es el fin de los vínculos laborales bajo la administración anterior. Para las localidades, la escala del impacto dependerá de la residencia de los despedidos y de la velocidad con que consigan otra ocupación.
El pago de indemnizaciones cumple una obligación económica, pero no resuelve el impacto sobre ingresos familiares y consumo local. Para evaluar la legalidad y suficiencia de cada liquidación deberán conocerse antigüedad, convenio aplicable y conceptos abonados. Tampoco se indicó cuántos trabajadores aceptaron acuerdos, cuántos los impugnaron o si existen acciones gremiales. La cifra de 150 describe el universo alcanzado en Corrientes, no el efecto total del programa en las otras provincias. La eventual contratación futura sería un vínculo nuevo y no borra la desvinculación ya ejecutada por la estructura anterior.
La concesión por dos décadas traslada al nuevo operador privado decisiones importantes sobre inversión, tecnología y organización del trabajo dentro de las exigencias contractuales nacionales. Por eso, el control público deberá observar no solo tarifas y obras, sino también calidad del servicio y empleo. La extensión contractual vuelve relevante que los indicadores y sanciones sean accesibles desde el comienzo. La automatización puede acelerar el tránsito y reducir manejo de efectivo, pero genera costos de transición que requieren capacitación, reconversión o alternativas laborales si desplaza puestos existentes.
El seguimiento inmediato debe identificar las empresas adjudicatarias de cada tramo correntino, las fechas de toma de posesión y sus planes de personal. También deberá verificarse si el sistema QR complementará o reemplazará cabinas, qué inversiones son obligatorias y cómo se controlarán. Presentar el episodio como cierre de los peajes sería impreciso: la infraestructura continuará bajo otro régimen. También sería incorrecto reducirlo a un trámite indemnizatorio, porque 150 personas perdieron su empleo y no tienen retorno asegurado. La tensión central está entre una concesión que promete eficiencia financiera y tecnológica y una transición que, hasta ahora, dejó su costo laboral concentrado en los trabajadores del corredor del Litoral.
