La expansión de los proyectos mineros en San Juan abrió un conflicto por quién accede a los puestos que genera la actividad. El sindicato de operadores de maquinaria pesada SOMPRA, todavía en formación, y la asociación civil AOMPE denunciaron que más de 400 trabajadores sanjuaninos permanecen sin empleo mientras las empresas incorporan personal de otras provincias. Las entidades sostienen que esa nómina local reúne capacitación y experiencia aplicables tanto a la minería como a la construcción.
El reclamo abarca oficios indispensables para el movimiento de materiales y la preparación de los yacimientos: operadores de topadoras, cargadoras, excavadoras, camiones y equipos de perforación. Alejandro Campusano representa a SOMPRA en el nivel nacional y Hernán Molina preside AOMPE en San Juan. La asociación ya tiene personería jurídica, mientras el sindicato espera conseguir durante este año la inscripción gremial nacional después de casi una década de gestiones.
Las organizaciones intentaron abrir una vía directa con el sector empresario. Campusano afirmó que enviaron notas a cerca de 45 compañías vinculadas con Vicuña, Gualcamayo, Veladero, Josemaría y otros proyectos, pero que únicamente Los Azules respondió a la solicitud de reunión. También buscaron interlocución municipal: Iglesia contestó, Valle Fértil analiza un acuerdo de capacitación todavía inconcluso y no hubo respuesta formal de Calingasta ni de Jáchal, dos departamentos centrales para la minería provincial.
El malestar no se limita a la ausencia de reuniones. Los referentes cuestionan que se contraten trabajadores llegados de otros distritos cuando existe una bolsa laboral sanjuanina disponible. Molina describió el caso de un integrante que debió emplearse en La Pampa, donde espera dos meses para regresar a su casa y paga de su bolsillo los pasajes. Para las entidades, esa situación muestra la distancia entre el crecimiento de la actividad y su traducción efectiva en oportunidades locales.
El vínculo con el Estado tuvo resultados dispares. Campusano recordó que, durante la gestión anterior del Ministerio de Minería, el sector pidió oportunidades laborales y recibió diez cascos y una pizarra, una respuesta que consideró ofensiva porque el planteo no era económico, sino de interlocución. Con el actual ministro Juan Pablo Perea, la reunión fue más productiva, aunque los operadores aseguran que todavía no se consiguieron incorporaciones concretas.
La nueva ley de desarrollo local minero colocó una herramienta en el centro de la discusión: el piso del 80% de mano de obra sanjuanina para los proyectos. SOMPRA y AOMPE consideran que la norma puede revertir la exclusión, pero preguntan qué organismo verificará su cumplimiento y cómo se aplicará. Su demanda ya no consiste solamente en ser recibidos; busca que el cupo se convierta en contrataciones comprobables dentro de una industria que atraviesa una etapa de expansión.
La capacitación agrega otro límite. AOMPE señaló que alquilar maquinaria para las prácticas cuesta seis millones de pesos y que un curso para diez aspirantes, a 70.000 pesos por persona, apenas cubre la operación; aun así, formó a 22 operadores en un mes mediante teoría de seguridad e higiene y práctica en equipos reales. Los dirigentes mantienen por ahora la vía de las notas y el diálogo, aunque advirtieron que podrían cambiar de estrategia si no obtienen respuestas. Los próximos pasos serán la inscripción nacional de SOMPRA y, sobre todo, la fiscalización efectiva del cupo local.
