Tía Maruca decidió cerrar de forma definitiva la planta de galletitas que operaba en Albardón, San Juan, y trasladó una crisis de ventas al terreno laboral y comunitario. La medida pone fin a la actividad de una fábrica que había sido clave para expandir la marca, mientras decenas de trabajadores recibieron telegramas de despido y comenzaron a protestar en las puertas del establecimiento.
La empresa había nacido en 1998 como un emprendimiento familiar orientado a producir galletitas con una identidad artesanal. Su mayor salto llegó en 2017, cuando compró en San Juan la planta de Dilexis. Esa incorporación permitió ampliar la distribución en el mercado argentino y abrir exportaciones hacia países vecinos; nueve años después, el mismo activo que sostuvo el crecimiento queda fuera de operación.
El deterioro se hizo visible antes del cierre. A comienzos de 2026, la fábrica utilizaba apenas el 52% de su capacidad instalada, un nivel que elevaba el costo de cada unidad producida. Con menos volumen para repartir gastos fijos, la compañía encontraba cada vez más difícil competir con segundas marcas, panaderías y fabricantes informales en un mercado donde el consumo masivo había retrocedido.
La decisión empresarial convirtió esa pérdida de escala en una salida definitiva. Los despidos fueron comunicados mediante telegramas enviados de manera inmediata, sin una transición que permitiera absorber el impacto sobre los ingresos familiares. La respuesta apareció frente a la planta, donde los operarios reclamaron por la continuidad laboral y pidieron certezas sobre las condiciones en que terminaría la relación de trabajo.
El conflicto no se limita a la cantidad de puestos perdidos. Los trabajadores sostienen que las primeras propuestas de indemnización no respetan lo establecido por la legislación laboral, por lo que el cierre productivo dejó abierta una negociación gremial y jurídica. El punto pendiente es si la empresa corregirá esos montos o si cada caso deberá avanzar por mecanismos de reclamo para alcanzar la compensación correspondiente.
Albardón también pierde una actividad que extendía su efecto más allá de los portones de la fábrica. La planta generaba empleo directo, demandaba servicios y compras a proveedores y sostenía parte del movimiento de comercios locales. El cese corta esa cadena al mismo tiempo: quienes dejan de cobrar reducen su consumo, los proveedores pierden un cliente y los negocios de la zona reciben menos circulación.
El cierre afecta a esta unidad industrial, no equivale por sí mismo al fin de toda la marca, pero sí desarma la expansión productiva iniciada con la compra de 2017. La urgencia inmediata está en resolver las indemnizaciones y la situación de los despedidos. Después deberá verse cuánto empleo indirecto desaparece y si Albardón encuentra alguna alternativa para una instalación que durante casi una década articuló producción, proveedores y consumo local.
