La Pampa volvió a poner en números el conflicto fiscal con la Nación. El gobierno provincial reclama una deuda cercana a los $400.000 millones, integrada principalmente por $320.000 millones vinculados al déficit previsional y otros $80.000 millones asociados a obras públicas abandonadas o concluidas con recursos propios.
El punto más urgente del reclamo está en el sistema previsional. La administración nacional no transfirió en junio los $5.000 millones mensuales comprometidos para sostener la caja jubilatoria pampeana, dentro de un acuerdo firmado en diciembre de 2023. La provincia sostiene que la falta de ese ingreso afectó directamente la estabilidad financiera del instituto y obligó a reforzar la administración de recursos locales.
El ministro de Economía provincial, Guido Bisterfeld, planteó que el esquema previsional se sostiene sobre cuatro fuentes: aportes de activos provinciales, aportes municipales, fondos que provincia y municipios destinan por ley y la contribución nacional. Con una de esas patas incumplida, el sistema queda bajo tensión, especialmente en una provincia con alta expectativa de vida y obligaciones jubilatorias extendidas.
La deuda no se limita al régimen previsional. La Pampa también incluye en su reclamo fondos por obras que la Nación dejó sin continuidad y que la provincia debió financiar para evitar el deterioro de proyectos ya iniciados. En ese listado aparecen viviendas, cloacas y rutas, entre ellas tramos de las rutas 18 y 20.
El corte de transferencias no automáticas desde diciembre de 2023 profundizó la presión sobre las cuentas provinciales. La provincia dejó de recibir recursos por fuera de la coparticipación federal, incluidos fondos vinculados a producción, transporte y educación. Ese ajuste obligó a utilizar fondos anticíclicos para sostener servicios, terminar obras y atender mayores demandas sociales.
El gobierno pampeano remarca que, aun en ese contexto, no recurrió a adelantos de coparticipación. La estrategia fue sostener el equilibrio fiscal mediante administración mensual del gasto, asistencia a municipios y medidas de apoyo a la actividad, como promociones del Banco de La Pampa, subsidios de tasa, respaldo a pymes y herramientas de comercio exterior.
El caso expone una tensión que excede a una discusión contable. Para La Pampa, la deuda nacional compromete previsión social, infraestructura, municipios y capacidad de respuesta económica. Para el esquema federal, el reclamo vuelve a instalar una pregunta central: cuánto del equilibrio fiscal nacional se está trasladando a las provincias y con qué costo territorial.
