La incertidumbre sobre el dictamen de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central quedó resuelta en el plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda. El texto obtuvo 44 firmas entre 69 diputados presentes y aceptó las modificaciones introducidas por el Senado. Con esa decisión, el oficialismo desistió de insistir con la redacción original de la Cámara baja y dejó el proyecto en condiciones de ser tratado para su sanción definitiva.
La diferencia central está en el sistema de designación y remoción de las autoridades monetarias. El proyecto aprobado originalmente por Diputados exigía una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para desplazar al presidente, vicepresidente o directores del BCRA, un cerrojo diseñado para dificultar cambios frente a una futura alternancia política. El Senado reemplazó ese esquema por la intervención exclusiva de la Cámara alta, con mayoría absoluta tanto para nombrar como para remover.
La nueva versión establece además mandatos de seis años para los integrantes del directorio. El Poder Ejecutivo conservará la facultad de proponer autoridades, pero cada designación deberá reunir el respaldo de la mayoría absoluta del Senado. Una eventual remoción impulsada por el Presidente también necesitará ese mismo aval. El mecanismo busca equilibrar estabilidad institucional y control político, aunque reduce la participación de Diputados en la integración del organismo.
La discusión sobre las autoridades es solo una parte de una reforma mucho más amplia. El proyecto redefine la misión primaria del Banco Central como la preservación del valor de la moneda y elimina el enfoque de objetivos múltiples incorporado en 2012. La orientación responde a la interpretación monetaria de la inflación defendida por Javier Milei: la entidad no debería utilizar emisión o regulación crediticia para perseguir metas productivas, sociales o sectoriales.
El articulado prohíbe los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a la Nación, las provincias, la Ciudad y los municipios, el uso de letras intransferibles y la compra de títulos públicos en el mercado primario. También impide convertir utilidades contables en recursos transferibles al fisco y elimina facultades para orientar crédito hacia actividades determinadas. El objetivo oficial es evitar que futuros gobiernos utilicen al BCRA como fuente directa de financiamiento.
El recorrido legislativo explica por qué el oficialismo aceptó el texto del Senado. Diputados había otorgado media sanción con 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones. La Cámara alta aprobó después su versión con 46 votos a favor y 22 en contra, una mayoría de dos tercios difícil de revertir. Para insistir con la redacción anterior, la Cámara baja necesitaba reproducir una mayoría agravada que no había alcanzado en agosto.
Las posiciones políticas siguen enfrentadas aun después del dictamen. La Libertad Avanza sostiene que el mandato único y la prohibición de financiar al Tesoro protegen al trabajador y al ahorrista frente a la inflación. Unión por la Patria valora que el Senado haya suavizado el mecanismo de remoción, pero cuestiona que la política monetaria quede separada de los objetivos generales de empleo, producción y bienestar. Otros bloques apoyan la independencia, aunque piden una composición más federal del directorio.
El próximo paso será el debate en el recinto. Allí Diputados deberá aceptar definitivamente la versión revisada para que la reforma se convierta en ley. La discusión no se limitará a la autonomía del Banco Central: definirá qué herramientas conserva el Estado para enfrentar crisis, financiarse y orientar el crédito. El dictamen resolvió la ingeniería parlamentaria, pero el alcance económico e institucional de la reforma seguirá siendo el centro de la confrontación.
