El Gobierno argentino y el staff del Fondo Monetario Internacional alcanzaron un acuerdo técnico para completar la tercera revisión del programa de 48 meses bajo el Servicio Ampliado. El entendimiento habilita el paso previo a un desembolso aproximado de US$900 millones —equivalente a unos 600 millones de Derechos Especiales de Giro—, pero no constituye todavía una aprobación definitiva ni implica que los fondos puedan incorporarse de inmediato.
La revisión deberá ser tratada por el Directorio Ejecutivo del organismo, previsiblemente a comienzos de diciembre, una vez concluidas las medidas que todavía forman parte del acuerdo. Esa secuencia es central para interpretar el anuncio: el staff verificó avances y acordó políticas con las autoridades, mientras la decisión jurídica y financiera final permanece en manos del board. Hasta entonces, el desembolso es una posibilidad avanzada, no un ingreso consumado.
El comunicado del Fondo valoró la disciplina macroeconómica y las reformas orientadas al mercado. Señaló que ambas continúan respaldando la desaceleración de la inflación y la mejora de la posición externa, y destacó que la acumulación de reservas supera los compromisos asumidos. Esa evaluación brinda al Gobierno un respaldo técnico, aunque también confirma que la continuidad del programa depende de preservar objetivos cuantitativos y reformas específicas.
En materia fiscal, el ancla seguirá ocupando el centro del acuerdo. El programa mantiene la meta de un superávit primario equivalente al 1,4% del PBI en 2026 y prevé un esfuerzo similar para 2027, de acuerdo con el proyecto presupuestario. El FMI vincula ese resultado con disciplina en el gasto y cambios en los marcos tributario y fiscal, al tiempo que plantea proteger erogaciones sociales e infraestructura consideradas prioritarias.
La política monetaria continuará organizada alrededor de objetivos para los agregados monetarios. El Banco Central deberá calibrarlos para sostener la desinflación y la acumulación de reservas, preservando flexibilidad del tipo de cambio dentro del sistema de bandas. El entendimiento también menciona el fortalecimiento de las operaciones de liquidez, la transmisión de la política monetaria, la remonetización de la economía y una expansión prudente del crédito.
La estrategia de financiamiento combina varias fuentes. El Gobierno prevé movilizar recursos en el mercado de capitales local, préstamos de organismos oficiales e ingresos por privatizaciones. Además, acordó mantenerse preparado para regresar a los mercados internacionales cuando las condiciones lo permitan y activar líneas contingentes si fuera necesario. El objetivo declarado es reforzar los colchones de reservas y extender los vencimientos para reducir vulnerabilidades.
El capítulo estructural conserva prioridades que exceden la estabilización inmediata. Incluye profundizar los mercados de capitales nacionales, ampliar el financiamiento de largo plazo, facilitar inversiones estratégicas bajo el RIGI y avanzar con concesiones de infraestructura ya adjudicadas. El Fondo vincula esas medidas con reformas laborales y de mercado adoptadas durante el año y sostiene que, en conjunto, deberían favorecer inversión, empleo y crecimiento con el tiempo.
El próximo paso será completar las acciones pendientes y obtener el voto del Directorio. Si se aprueba, el giro fortalecerá las reservas y permitirá al Gobierno exhibir cumplimiento; si se demora, quedará expuesta la distancia entre el acuerdo técnico y la disponibilidad efectiva de divisas. Más allá de los US$900 millones, la revisión reafirma que el financiamiento está atado a una trayectoria fiscal, monetaria, cambiaria y reformista que seguirá condicionando las decisiones económicas de 2027.
