Santa Cruz reúne la mayor proporción de personas con créditos en situación irregular de toda la Patagonia. Los registros de mayo de la Central de Deudores del Banco Central muestran atrasos en el 31,2% de los prestatarios de la provincia. El deterioro ya produjo una respuesta específica del Gobierno de Claudio Vidal: 3.500 empleados públicos activos y pasivos refinanciaron cerca de $43.000 millones.
La comparación regional permite dimensionar el problema. Neuquén, que presenta el indicador más bajo de la Patagonia, tiene alrededor de un 24,5% de deudores irregulares. La distancia con Santa Cruz se aproxima a siete puntos porcentuales, aun cuando ambas economías están atravesadas por actividades energéticas, mineras y petroleras. El dato señala que la capacidad de pago no se distribuye de manera uniforme dentro de la región.
La dificultad no aparece solo en la cantidad de personas atrasadas. El 19,8% del dinero prestado a familias santacruceñas también se encuentra en situación irregular, de acuerdo con el relevamiento del Centro de Economía Política Argentina. Esa medida muestra el peso financiero del incumplimiento sobre el volumen total de crédito y no únicamente sobre el número de operaciones.
El tipo de prestamista introduce otra diferencia importante. La mora alcanza el 31,8% en créditos otorgados por billeteras virtuales y proveedores no bancarios, mientras se ubica en el 16,2% dentro de las entidades bancarias. La brecha indica que los compromisos asumidos fuera de la banca tradicional concentran una proporción mucho mayor de atrasos entre las familias de Santa Cruz.
El problema de los empleados públicos quedó expuesto cuando la Provincia y el Banco Santa Cruz lanzaron un mecanismo de refinanciación. La primera etapa estuvo destinada a trabajadores que comprometían el 75% o más de sus haberes en préstamos personales y tarjetas. Al finalizar ese tramo, 3.500 agentes activos y pasivos habían unificado obligaciones por unos $43.000 millones.
Desde julio, el Ejecutivo redujo el umbral de ingreso al 60% del salario y prorrogó el programa hasta el 31 de diciembre. La modificación amplió el universo potencial de beneficiarios y reconoció que el endeudamiento severo no se limitaba al núcleo inicial. Para quienes ingresan, el esquema ofrece consolidación de compromisos, cuotas de hasta 72 meses y tasas preferenciales.
La refinanciación puede disminuir el descuento mensual y ordenar vencimientos, pero no elimina el capital adeudado ni recompone por sí sola el poder de compra. Miles de agentes destinan más de seis de cada diez pesos de sus ingresos a obligaciones financieras antes de cubrir alimentos, alquiler, servicios, transporte o medicamentos. El próximo balance llegará al cierre de diciembre, cuando pueda medirse cuántos trabajadores ingresaron tras la reducción del requisito y qué volumen adicional de deuda fue reestructurado.
