La Confederación General del Trabajo llevó al Ministerio de Economía tres reclamos para aliviar el endeudamiento de familias y pequeñas y medianas empresas. La presentación se realizó durante una movilización compartida con las dos CTA y organizaciones sociales. El documento sostiene que el ordenamiento macroeconómico no alcanza si continúan la caída de los ingresos, el consumo debilitado y los altos costos financieros.
El primer pedido consiste en que el Banco Central regule y limite las tasas aplicadas por bancos y emisores de tarjetas a préstamos personales, saldos financiados y otros instrumentos destinados a personas. La CGT argumenta que la acumulación de intereses compromete una proporción creciente de los ingresos y puede transformar obligaciones inicialmente manejables en deudas difíciles de cancelar.
El segundo punto solicita una respuesta específica para las pymes. La central plantea que muchas empresas necesitan reordenar pasivos y obtener capital de trabajo para sostener la producción y el empleo. En su diagnóstico, la falta de crédito accesible no solo afecta a los propietarios: también repercute sobre proveedores, trabajadores y economías locales cuando una firma reduce su actividad o cierra.
El tercer reclamo propone un programa de refinanciación para hogares y empresas, con plazos extendidos, una reducción transitoria de la carga de pagos y tasas compatibles con la evolución de los ingresos. El texto advierte además que, cuando desaparecen las alternativas formales, aumenta el recurso a circuitos financieros informales con costos mayores y menor protección para los deudores.
La movilización vinculó así el problema crediticio con la cadena de consumo, producción y empleo. Para las organizaciones convocantes, la morosidad no es un fenómeno aislado ni exclusivamente individual, sino una consecuencia del deterioro del poder de compra y del encarecimiento del financiamiento. Los tres ejes combinan regulación, asistencia productiva y reestructuración de obligaciones ya contraídas.
La entrega del documento no implica que las medidas hayan sido aprobadas. Hasta la publicación de la información no se había comunicado un programa oficial con esas condiciones ni una respuesta favorable del Ministerio de Economía o del Banco Central. Los planteos quedan incorporados a la negociación entre el sindicalismo y el Gobierno; su eventual alcance requerirá decisiones regulatorias, recursos y criterios para seleccionar a los beneficiarios.
