Axel Kicillof llevó la disputa entre la provincia de Buenos Aires y la Casa Rosada al terreno electoral. El gobernador acusó a Javier Milei de emplear recursos nacionales como instrumento de presión sobre las provincias para obtener votos en el Congreso, en especial para suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y despejar el camino de su proyecto de reelección. Su planteo combinó una denuncia sobre el método de negociación con un balance económico de los primeros 30 meses de la gestión libertaria.
Kicillof describió esa práctica como un mecanismo de “chantaje y extorsión política” aplicado sobre las 24 jurisdicciones. Según su argumento, la Nación ofrece asistencia con dinero que antes dejó de transferir a las administraciones provinciales y convierte la necesidad financiera en moneda de cambio legislativa. Para el mandatario bonaerense, la búsqueda de un segundo mandato ordena las decisiones del Presidente y explica la presión para eliminar una instancia electoral que el oficialismo nacional quiere evitar.
El gobernador apoyó su crítica en cifras que atribuyó al desempeño económico del Gobierno nacional. Sostuvo que se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo y cerraron 26.000 empresas, mientras la actividad quedó concentrada en pocos sectores. También señaló caídas acumuladas del 12% en la industria, del 5% en el comercio y del 15% en la construcción, junto con un aumento de la morosidad familiar que, en su evaluación, superó los niveles de la crisis de 2001.
La situación fiscal de las provincias ocupó el centro del reclamo. Kicillof calculó que, desde fines de 2023, las 24 jurisdicciones dejaron de percibir más de $47 billones a valores constantes. Presentó esa suma como equivalente a cuatro puntos del producto interno bruto y a un recorte real del 13,4%, derivado de la baja de la coparticipación, la menor recaudación propia y la reducción de transferencias nacionales obligatorias.
Con ese diagnóstico, el gobernador cuestionó que el superávit fiscal exhibido por la Nación se sostenga, en parte, sobre recursos que ya no llegan a los distritos. Su objeción no se limitó a Buenos Aires: afirmó que ninguna provincia puede resolver por sí sola una crisis de alcance nacional y advirtió que prolongar el esquema durante otro mandato profundizaría el deterioro productivo y financiero que describió.
El cierre de su intervención fue político. Kicillof llamó a construir una alternativa federal capaz de reunir a las provincias frente al rumbo del Ejecutivo y de discutir tanto la distribución de recursos como las reglas electorales. El próximo punto de tensión estará en el Congreso, donde el Gobierno deberá buscar los votos para modificar las PASO mientras los gobernadores deciden si la asistencia financiera y sus reclamos pendientes condicionan esa negociación.
