Jujuy respondió a la eliminación de restricciones nacionales para la banana importada con un régimen fitosanitario propio. Mediante un Decreto Acuerdo, la Provincia fijó requisitos obligatorios para el ingreso, tránsito, almacenamiento y comercialización de fruta extranjera en todo su territorio. La decisión se apoya en las facultades provinciales de policía sanitaria y busca proteger las plantaciones locales ante un cambio de reglas dispuesto desde la Nación.
El conflicto se abrió después de que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca derogara la normativa que durante más de tres décadas limitó el ingreso de banana a las provincias productoras del noroeste. El gobernador Carlos Sadir ya había cuestionado el impacto de la Resolución 114/2026 y acompañado el reclamo de productores de Jujuy y del norte argentino. La Provincia considera que flexibilizar el control eleva la exposición sanitaria de una economía regional que sostiene empleo, inversión y arraigo.
El nuevo esquema establece una cadena documental antes de autorizar el paso. Cada cargamento deberá presentar un certificado fitosanitario de origen que acredite la ausencia de plagas cuarentenarias, una Autorización Fitosanitaria de Importación, una declaración jurada sobre procedencia y estado sanitario y el Documento de Tránsito Sanitario Vegetal Electrónico. A esos papeles se suman controles físicos y documentales obligatorios en los puestos provinciales.
También se fijaron condiciones materiales para la fruta y el transporte. La banana tendrá que ingresar en estado de “verde estricto”, mientras que los vehículos deberán estar completamente limpios y libres de tierra, barro, hojas, flores, raíces o cualquier resto vegetal. La exigencia apunta a reducir vías de entrada que no dependen solamente del fruto comercial, sino también de residuos capaces de transportar agentes perjudiciales.
El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, identificó tres amenazas concretas: Sigatoka Negra, Ralstonia solanacearum y Fusarium Raza 4 Tropical. Según la advertencia provincial, esas plagas pueden destruir plantaciones y dejar terrenos improductivos durante décadas. El argumento oficial es que prevenir e inspeccionar antes del ingreso resulta menos costoso que intentar erradicar una enfermedad una vez instalada.
La medida abre ahora una etapa de aplicación. Los puestos fitosanitarios deberán verificar documentos, estado de la carga y limpieza de los transportes sin detener innecesariamente la circulación comercial. Al mismo tiempo, la Provincia tendrá que demostrar que su poder de policía sanitaria puede convivir con el marco nacional modificado. El resultado se medirá en la capacidad de mantener abierto el abastecimiento sin trasladar a las plantaciones jujeñas un riesgo que el Ejecutivo considera inaceptable.
