Express Beer dejó de operar de manera repentina en su centro del Mercado Central, en el partido bonaerense de La Matanza, y despidió a sus 220 trabajadores sin pagarles los salarios ni el medio aguinaldo de junio ni las indemnizaciones. El cierre de la distribuidora de bebidas no llegó como una reducción gradual: la actividad se detuvo y el conflicto pasó de inmediato al terreno sindical y legal.
Los empleados sostienen que durante el fin de semana anterior la empresa retiró camiones y otros bienes de la planta. Interpretaron ese movimiento como un vaciamiento previo a la clausura definitiva, porque cuando intentaron retomar sus tareas ya no existía una operación que sostuviera la dotación. La denuncia vuelve decisivo el destino de esos activos: pueden ser herramientas necesarias para responder por las obligaciones laborales que quedaron pendientes.
La antigüedad amplifica el impacto. Muchos de los despedidos acumulaban un promedio de 26 años en la compañía, por lo que la deuda no se limita al último sueldo y al aguinaldo, sino que incluye indemnizaciones vinculadas a trayectorias extensas. Entre ellos se encuentra Jerónimo Moyano, delegado gremial e hijo menor de Hugo Moyano, una presencia que conecta el conflicto interno con la conducción nacional del Sindicato de Camioneros.
El gremio, conducido por Hugo y Pablo Moyano, declaró el estado de emergencia y anunció acciones sindicales y judiciales para proteger los derechos de la plantilla. Su reclamo tiene dos planos simultáneos: recuperar los montos adeudados a cada trabajador y determinar si la salida de bienes redujo deliberadamente la capacidad de la empresa para pagar. Esa segunda cuestión puede definir el alcance de las medidas legales.
El cierre se produjo en un mercado de cerveza que, de acuerdo con los datos sectoriales citados, perdió cerca del 35% del consumo en dos años. Una caída de esa magnitud reduce el volumen distribuido y vuelve más pesados los costos fijos de vehículos, depósitos y personal. La retracción ayuda a explicar el deterioro del negocio, pero no resuelve las obligaciones que Express Beer dejó al interrumpir su actividad.
Los registros financieros muestran compromisos concretos: en mayo de 2026 la empresa debía $31,6 millones a American Express Argentina, $25,7 millones a YPF y $182.000 al Banco Galicia. Su propietario, Juan Aguilar, integra además la conducción de la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística, una de las cámaras empresarias que negocian paritarias con Camioneros. Esa doble posición eleva la disputa desde una distribuidora cerrada hacia una relación sectorial ya institucionalizada.
El próximo paso será traducir la emergencia gremial en presentaciones capaces de asegurar salarios, aguinaldos e indemnizaciones y de preservar bienes mientras se determina la situación patrimonial de la compañía. También deberá formalizarse la desvinculación de los 220 empleados y establecerse quién responderá por cada deuda. La operación ya cesó; lo que continúa abierto es si los trabajadores podrán cobrar después de un cierre ejecutado antes de ordenar sus obligaciones.
