La represa de Salto Grande, la primera central hidroeléctrica binacional de América Latina, se encuentra en el centro de una disputa que combina la necesidad de una modernización tecnológica con un reclamo económico de larga data. Las 14 turbinas que operan en la planta, fabricadas en la extinta Unión Soviética, cumplieron 47 años y su recambio se ha convertido en una prioridad que despierta interés a nivel global, con un costo estimado de 50 millones de dólares por cada unidad.
La central, ubicada en el curso medio del río Uruguay a 15 kilómetros al norte de la ciudad de Salto (Uruguay) y de Concordia (Argentina), es administrada de manera conjunta por ambos países. Sin embargo, el desgaste natural de la maquinaria soviética, que data de la construcción de la represa en 1974, exige una inversión millonaria que aún no tiene un cronograma definido ni un mecanismo de financiamiento acordado.
Mientras se define el futuro de las turbinas, el conflicto se traslada al terreno económico. El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, confirmó que la provincia, aliada del gobierno de Javier Milei, prepara una nueva demanda contra el Gobierno nacional por las diferencias en las liquidaciones de los excedentes de fondos de Salto Grande. El reclamo se origina en las sucesivas resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación, que, según la provincia, deprimieron el precio que se le reconoce a la represa.
El núcleo de la disputa es la disparidad de criterios con Yacyretá. Mientras que a la represa de Salto Grande se le paga 19 dólares por megavatio, a Yacyretá se le reconoce 28 dólares. Esta diferencia afecta directamente a Entre Ríos, que recibe una parte de los excedentes generados por la central, que representa el 4% de la energía de Argentina y el 50% de la de Uruguay.
El director de la Comisión Mixta que maneja la represa, José Carlos Chagas, respaldó la necesidad de estos fondos para planes provinciales, como un sistema de riego comunitario, eficiente y sustentable que cuenta con el aval del gobernador Rogelio Frigerio. La provincia busca así no solo asegurar el recambio de las turbinas, sino también garantizar una compensación justa que permita financiar proyectos de desarrollo local. La combinación de la obsolescencia tecnológica y la disputa financiera convierte a Salto Grande en un caso testigo de las tensiones entre la infraestructura heredada y las nuevas necesidades energéticas y fiscales de la Argentina.
