El Gobierno de Entre Ríos amplió el esquema de asistencia para los trabajadores afectados por la crisis de Granja Tres Arroyos. La planta La China de Concepción del Uruguay permanece paralizada desde fines de mayo y registró despidos. Las nuevas medidas combinan alivio fiscal, ayuda alimentaria, subsidios económicos, beneficios en la tarifa eléctrica y cobertura sanitaria.
Un decreto provincial destinado a los trabajadores despedidos condona el 100% de los intereses y las multas de las deudas correspondientes a los impuestos Inmobiliario y Automotor de 2026. Los vencimientos se extienden hasta el 31 de marzo de 2027. La aplicación será automática a partir del listado de la Secretaría de Trabajo y las obligaciones podrán cancelarse en un pago o en seis cuotas mensuales sin interés desde el 10 de mayo de ese año.
Desde el inicio del conflicto, el Ejecutivo entregó 1.900 módulos alimentarios en dos tandas de 950 unidades. También gestionó 825 subsidios individuales de 200.000 pesos, que se encuentran en proceso de pago, y confirmó un segundo desembolso para extender la cobertura hasta 1.075 trabajadores. En materia energética, 525 empleados recibieron una tarifa social diferenciada durante dos bimestres, luego prorrogada por otros dos períodos.
La Provincia inició además gestiones con Enersa para refinanciar y postergar deudas por consumo eléctrico. En el plano sanitario, los problemas de pago de la empresa afectaron la obra social del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación. Como respuesta, se estableció con el Hospital Justo José de Urquiza un protocolo para garantizar atención y medicamentos a trabajadores con enfermedades crónicas.
La crisis excede a Entre Ríos. El Gobierno anunció que promoverá una mesa de trabajo con Córdoba y Buenos Aires para coordinar acciones entre los gobernadores y sus equipos. En Córdoba, la paralización de la planta Avex de Río Cuarto alcanza a aproximadamente 350 trabajadores. En Buenos Aires, las plantas Pinazo, Wade II/CEISA y Wade I registraron suspensiones, atrasos salariales y una caída pronunciada de la actividad.
Durante la vigencia del régimen fiscal no podrán iniciarse acciones de cobro por las obligaciones comprendidas. El conjunto de medidas busca reducir compromisos inmediatos de las familias, pero no equivale a la reapertura de La China ni garantiza la recuperación de los empleos. La novedad confirmada es la ampliación de la asistencia y la decisión de coordinar una respuesta interprovincial mientras continúa el conflicto empresarial.
