La Justicia de Entre Ríos investiga un presunto desvío de $103.738.136 destinado a desayunos, almuerzos y meriendas en 37 escuelas de Concordia. Siete personas fueron imputadas, entre ellas la excoordinadora local de Comedores Escolares Silvina Murúa, integrantes de su entorno y responsables de una empresa proveedora. La causa se encuentra en trámite y no hay condenas.
El sistema utilizaba tarjetas SIDECREER entregadas a responsables de cada comedor para comprar alimentos en comercios próximos a las escuelas. Una auditoría provincial comparó facturas y remitos y detectó diferencias documentales. También observó aumentos injustificados en la cantidad de alumnos registrados, partidas consumidas en un solo día y concentración de operaciones en tres proveedores.
La Unidad Fiscal de Concordia, a cargo de Daniela Montangie, sostiene que desde enero de 2024 existieron presiones para orientar compras hacia Ahora Voy SRL. Según la acusación, algunas tarjetas con saldos superiores al millón de pesos quedaban en poder de personas vinculadas con la firma. Los fiscales analizan además si parte del dinero fue utilizada para inmuebles, viajes y ropa.
La calificación atribuida por la Fiscalía incluye peculado, negociaciones incompatibles con la función pública y asociación ilícita. Esas figuras forman parte de una hipótesis acusatoria que deberá ser probada en el proceso. Murúa negó las acusaciones, afirmó que ella había advertido irregularidades y sostuvo que realizó una primera denuncia en marzo de 2025 junto con el diputado Marcelo López.
Una auditoría anterior sobre 21 establecimientos había detectado en junio de 2025 un total de $66.143.225 sin justificación adecuada. Ese antecedente derivó en la remoción de Murúa por decisión del gobernador Rogelio Frigerio. En la revisión posterior, los auditores también recibieron la explicación de que cuadernos de menú de octubre y noviembre de 2024 habían sido destruidos por roedores; luego fueron presentados nuevos registros.
La investigación afecta recursos destinados a una ciudad que registró 49,9% de pobreza y 13,6% de indigencia en el segundo semestre de 2025, según la EPH citada. Ese contexto aumenta la relevancia pública del control, pero no reemplaza las garantías de los imputados. La responsabilidad individual, el destino efectivo del dinero y la validez de la documentación deberán ser establecidos por la Justicia.
