El Gobierno nacional presentó una denuncia ante la Justicia federal para que se investiguen los incidentes ocurridos frente al Congreso durante el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La presentación pidió determinar si los hechos pueden constituir un atentado al orden constitucional y a la vida democrática, identificar a sus responsables y establecer quiénes colaboraron, participaron o instigaron las acciones denunciadas.
El escrito fue firmado por Germán Pugnaloni y Lisandro Franco, funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional. Ambos sostuvieron que los ataques se habrían dirigido contra instituciones, poderes y agentes públicos federales mientras cumplían sus funciones. La calificación elegida por el Ejecutivo abre una investigación, pero no equivale a una imputación confirmada ni a una condena: la Justicia deberá reunir pruebas, individualizar conductas y decidir qué figuras penales corresponden.
La protesta se había desarrollado de manera pacífica durante casi seis horas y cambió alrededor de las 17, cuando la Policía Federal usó gases para despejar a manifestantes que enfrentaban el vallado. Grupos reducidos rompieron veredas y cordones para obtener escombros, arrojaron objetos contra uniformados y dañaron o incendiaron cestos y contenedores. Al mismo tiempo, efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura avanzaron con carros hidrantes, gases, balas de goma y divisiones motorizadas.
El operativo alcanzó tanto a quienes protagonizaban desmanes como a personas que protestaban sin provocar daños. Hubo 18 detenidos por resistencia a la autoridad, puestos a disposición de la Unidad de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal, conducida por Federico Tropea. Diez recuperaron la libertad durante el viernes; los ocho restantes debían declarar y podían enfrentar también una acusación por daños. Las identidades no habían sido informadas.
La denuncia oficial describió roturas de baldosas y bancos públicos para usar fragmentos como proyectiles, lesiones a efectivos y daños en edificios y vehículos policiales. Pugnaloni y Franco solicitaron medidas de prueba urgentes y pusieron al Ministerio a disposición para aportar elementos de convicción. La investigación deberá separar responsabilidades individuales dentro de una movilización numerosa y distinguir los actos violentos del ejercicio pacífico del derecho a manifestarse.
El expediente queda ahora en manos de la Justicia federal, que deberá definir su competencia, ordenar las primeras diligencias y evaluar la hipótesis del Gobierno. En paralelo, la Unidad de Flagrancia continuará con la situación de los detenidos que aún no declararon. El próximo resultado verificable no será la formulación política de la denuncia, sino la decisión judicial sobre pruebas, autores identificados y delitos concretos atribuibles a cada conducta.
