La causa por el fentanilo contaminado volvió a escalar políticamente después de que una de las exfuncionarias detenidas involucrara al ministro de Salud, Mario Lugones. La declaración instaló una frase de alto impacto institucional: las decisiones, según esa versión, se tomaban luego de consultar al ministro.
El señalamiento aparece en una investigación que ya había golpeado al sistema sanitario por la comercialización de ampollas contaminadas que llegaron a hospitales, clínicas y sanatorios. La causa examina responsabilidades por fallas de control sobre medicamentos de uso crítico y por la circulación de productos que no debieron haber salido al mercado.
Las detenidas son Nélida Bisio, exautoridad de la ANMAT, y Gabriela Fumadó, quien tuvo a su cargo el Instituto Nacional de Medicamentos. Ambas quedaron bajo la lupa por el rol que cumplían en los controles regulatorios sobre laboratorios y productos medicinales, una función clave cuando se trata de fármacos de alto riesgo.
El nuevo capítulo desplaza el eje desde la responsabilidad técnica hacia la cadena de decisión política. Si las medidas sensibles pasaban por consulta ministerial, la investigación puede avanzar sobre el modo en que se comunicaban alertas, inspecciones, demoras y decisiones administrativas dentro del Ministerio de Salud.
El caso también vuelve a poner en discusión la capacidad estatal para fiscalizar laboratorios, reaccionar ante desvíos de calidad y retirar del circuito medicamentos peligrosos. En una tragedia sanitaria asociada a decenas de muertes, cada demora administrativa adquiere un peso distinto y puede transformarse en materia judicial.
Para el Gobierno, el problema ya no se limita a explicar qué falló en la ANMAT o en el INAME. La declaración que apunta a Lugones abre una pregunta más amplia: hasta dónde llegó la información disponible en la conducción política de Salud y qué decisiones se tomaron mientras el fentanilo contaminado seguía bajo investigación.
