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El Gobierno fija un tope extranjero del 25% para salvar la ley de tierras

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El nuevo dictamen reemplaza la apertura sin límites por un máximo nacional y provincial del 25% para compradores extranjeros. Patricia Bullrich agregó controles a Estados y sociedades con participación pública, mientras el oficialismo calcula entre 38 y 40 votos para el jueves.

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El Gobierno presentó un nuevo dictamen sobre la ley de tierras para evitar otra derrota en la sesión del Senado convocada para el jueves. El proyecto original eliminaba los límites a la compra de superficie rural productiva por personas o empresas extranjeras. La versión anunciada por Patricia Bullrich conserva una apertura mayor que la norma vigente, pero eleva el tope del 15% al 25% en lugar de suprimirlo por completo.

El límite se aplicará tanto sobre la superficie nacional como sobre la de cada provincia. Bullrich afirmó además que los Estados extranjeros no podrán adquirir tierras rurales en la Argentina. Las personas jurídicas, uniones transitorias, agrupaciones de colaboración u otros vínculos asociativos con participación estatal directa o indirecta necesitarán el aval conjunto de la Nación y de la provincia correspondiente.

El artículo 25 incorpora también una obligación registral. Toda compra de tierras rurales por una persona humana o jurídica extranjera deberá inscribirse en el registro inmobiliario provincial mediante un asiento especial que consigne los datos y la nacionalidad del adquirente. La jefa del bloque de La Libertad Avanza presentó esos cambios acompañada por Agustín Coto y Nadia Márquez, presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

El dictamen modifica asimismo las reglas sobre expropiaciones. Mantiene la posibilidad de expropiar bienes por utilidad pública, pero exige que esa declaración sea interpretada de manera restrictiva e identifique de forma específica el fin perseguido. También establece que la expropiación debe ser idónea, necesaria y proporcional, y Bullrich remarcó que cualquier decisión nacional o provincial deberá incluir el pago correspondiente.

La concesión responde a la pérdida de apoyos entre bloques dialoguistas y al rechazo social a una apertura total. El oficialismo estima que la nueva redacción podría reunir entre 38 y 40 votos, aunque persisten reparos en sectores radicales, del PRO y de fuerzas provinciales. Los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut recibieron presiones en su provincia, mientras Victoria Villarruel expresó públicamente su oposición al proyecto.

Villarruel no presidirá la sesión porque quedará a cargo del Poder Ejecutivo durante el viaje de Javier Milei a Ecuador. El cambio de conducción no resuelve, sin embargo, la aritmética parlamentaria. Bullrich sostuvo que el texto fue consensuado con los espacios que hicieron aportes; el jueves se comprobará si el nuevo límite, los controles registrales y las condiciones sobre expropiación alcanzan para transformar esas conversaciones en una mayoría efectiva.

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