El Gobierno retiró del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que modificaba la Ley de Tierras después de comprobar que no reunía los votos para aprobarlo en el Senado. La decisión llegó menos de veinticuatro horas antes de la sesión convocada para el jueves y permite al oficialismo sostener el tratamiento del resto de la iniciativa. La reforma sobre extranjerización no quedó aprobada ni eliminada definitivamente: regresará al trabajo en comisiones.
La Casa Rosada ya había cedido sobre su propuesta original. El primer texto suprimía los límites para que personas o empresas extranjeras compraran campos; la última redacción elevaba del 15% al 25% el máximo de tierras rurales que podían quedar en manos foráneas en cada distrito. Conservaba, además, la prohibición para Estados extranjeros y restricciones en zonas estratégicas, entre ellas las áreas de frontera. Esas modificaciones tampoco alcanzaron para retener el apoyo de gobernadores y bloques dialoguistas.
El acuerdo para separar el capítulo fue comunicado por La Libertad Avanza junto con sectores de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales. Participaron 44 senadores y explicaron que la postergación busca ampliar el consenso, no clausurar la discusión. La sesión seguirá con las reformas al régimen de expropiaciones, los procedimientos de desalojo, la Ley de Manejo del Fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble, puntos que los firmantes consideran suficientemente respaldados.
La retirada mostró el poder de presión de los gobernadores aliados, que se desmarcaron pese a mantener canales de negociación con Javier Milei. También modificó el escenario de una votación que Patricia Bullrich había presentado como encaminada. La jefa del bloque libertario había defendido los controles incorporados y asegurado que la media sanción estaba garantizada, pero el conteo final obligó a dividir el proyecto para proteger la sesión y evitar una derrota abierta.
La disputa parlamentaria se cruzó con una movilización convocada por la CGT, las dos CTA y la UTEP para el jueves frente al Congreso. Los sindicatos resolvieron mantenerla incluso después de la marcha atrás oficialista. ATE celebró el retiro como resultado de la presión social, mientras las centrales sostuvieron sus críticas a los cambios sobre tierras, desalojos y bienes comunes. La protesta, por lo tanto, continuará aunque el punto que la impulsó haya salido provisionalmente del temario.
El Senado afrontará ahora dos decisiones separadas. Primero deberá reunir quórum y votar los capítulos que permanecieron en la iniciativa; después, las comisiones tendrán que definir si existe una fórmula sobre propiedad rural capaz de sumar a los aliados que rechazaron el tope del 25%. El Gobierno salvó el tratamiento inmediato mediante una concesión, pero dejó pendiente la reforma que había presentado como instrumento para atraer inversiones y reforzó la capacidad de negociación de las provincias.
