El Senado de Corrientes aceleró el tratamiento del Presupuesto 2027 con la intención de emitir dictamen y llevarlo al recinto el 19 de noviembre. La Comisión de Impuesto y Presupuesto convocó al ministro de Hacienda, Héctor Grachot, para explicar las proyecciones, la distribución de recursos y las necesidades de financiamiento. El cronograma busca dejar tiempo a Diputados antes del cierre del período ordinario el 30 de noviembre.
El proyecto calcula gastos y recursos por $4.867.761 millones, casi $4,87 billones, un incremento nominal del 52,1% frente al ejercicio vigente. El tamaño de la suba no permite inferir por sí solo expansión real: debe compararse con la inflación prevista, la ejecución de 2026 y el crecimiento de salarios, medicamentos, energía y construcción. La sustentabilidad dependerá de que las estimaciones de ingresos no queden rezagadas.
Los gastos corrientes ascienden a $3.717.349 millones y las erogaciones de capital a $1.138.064 millones. La elevada partida de capital presenta a la infraestructura, el equipamiento y las obras públicas como ejes del plan. Para evaluar su calidad, el Senado debe exigir una lista de proyectos, avance esperado, fuentes de financiamiento, municipios beneficiados y costo futuro de mantenimiento.
En materia de recursos, se prevén ingresos corrientes por $4.095.975 millones y recursos de capital por $171.785 millones. El esquema se completa con fuentes financieras por hasta $600.000 millones. La autorización de crédito público podría destinarse a obras, materiales y equipamiento, pero debe distinguir deuda nueva, refinanciación y operaciones de corto plazo, además de fijar moneda, plazo y costo.
El proyecto permite emitir Letras de Tesorería por hasta $200.000 millones para cubrir necesidades temporales. Las letras pueden ordenar descalces entre ingresos y pagos, pero generan riesgo si se renuevan repetidamente y se convierten en deuda permanente. El control debería informar cada colocación, tasa, vencimiento, tenedores y saldo acumulado durante el año.
La estructura de personal contempla 52.204 cargos permanentes y 30.342 temporarios, más de 82.500 puestos. El dato obliga a examinar composición, vacantes, áreas críticas y costo salarial. El presupuesto incorpora una cláusula según la cual, si la recaudación provincial y coparticipada supera las estimaciones, al menos 50% del excedente de libre disponibilidad se destinará a mejoras salariales.
Esa cláusula puede reducir la conflictividad al vincular salarios con recursos efectivos, pero también depende de cómo se calculen las metas de recaudación y qué se considere libre disponibilidad. Una estimación demasiado alta haría improbable el excedente; una definición amplia de fondos afectados reduciría la base. La norma debería prever informes periódicos y participación sindical en la verificación de los datos.
El próximo paso será la exposición de Grachot y el dictamen de comisión. Para aprobar un presupuesto robusto, los senadores deberán probar escenarios de inflación, coparticipación y endeudamiento, además de publicar el plan de obras y la evolución del empleo. La aceleración legislativa puede ser útil para dar previsibilidad, siempre que no convierta un proyecto de casi $4,87 billones en una aprobación sin examen suficiente.
