La crisis del transporte público del Área Metropolitana del Gran Resistencia llegará esta semana a la Legislatura chaqueña. La Comisión de Industria de la Cámara de Diputados convocó para el martes 14 de julio a representantes de las empresas prestatarias con el objetivo de revisar el deterioro del sistema y buscar alternativas que eviten un agravamiento del servicio.
La reunión reunirá a empresarios, legisladores y, posiblemente, funcionarios del gobierno provincial. También fue invitado el subsecretario de Transporte, José Luis Picaluk, cuya presencia todavía aguardaba confirmación. La convocatoria partió de la presidenta de la comisión, Katia Blanc, tras una sucesión de reclamos de usuarios afectados por la suspensión de recorridos y la pérdida de regularidad en las frecuencias.
El punto más visible del conflicto fue la decisión de ERSA de interrumpir la prestación de la línea 2 y del ramal 106 BC. Esa medida dejó a numerosos barrios del Gran Resistencia sin cobertura directa y obligó a muchos vecinos a caminar varias cuadras para alcanzar otros recorridos o a pagar remises y aplicaciones de transporte para resolver traslados cotidianos.
El problema, sin embargo, es más amplio que una suspensión puntual. Desde el año pasado, varias compañías del sistema comenzaron a recurrir a Procesos Preventivos de Crisis por el aumento de los costos operativos, la caída de ingresos y la falta de recursos para afrontar salarios y mantenimiento. ERSA Urbano y TCM aplicaron suspensiones rotativas y reducciones de jornada, mientras San Fernando comunicó que iniciará un trámite similar ante la autoridad laboral provincial.
La tensión financiera también alcanzó a otras operadoras. Tiro Federal, Cordial SRL y Microbús SRL iniciaron concursos preventivos de acreedores, una señal de la profundidad del desequilibrio que atraviesa al transporte metropolitano. En el fondo del cuadro aparece el retiro del financiamiento nacional al transporte urbano del interior, que trasladó mayor presión a las provincias sin una compensación suficiente para sostener el sistema.
El gobierno chaqueño advirtió que ninguna concesionaria puede abandonar unilateralmente la prestación y anunció controles sobre recorridos y frecuencias. La expectativa ahora está puesta en que la mesa convocada en la Legislatura permita ordenar información, acercar posiciones y abrir un esquema de consensos antes de que el servicio entre en una fase de deterioro todavía más difícil de revertir.
