La provincia de Buenos Aires decidió cerrar la etapa de conciliación abierta ante la Corte Suprema por la deuda previsional que reclama a la ANSES. La decisión llegó después de una nueva audiencia en la que el Gobierno nacional no presentó una propuesta de pago concreta por los fondos vinculados al financiamiento de la caja jubilatoria bonaerense.
El expediente tiene una escala económica central para la administración provincial: el reclamo supera los $2,3 billones. Axel Kicillof encabezó la delegación bonaerense y planteó que la falta de una oferta nacional dejó sin margen la instancia de negociación impulsada por el tribunal.
El punto de quiebre fue el incumplimiento de una expectativa previa. En la audiencia anterior, los representantes de Nación habían anticipado que llegarían con una propuesta de adelantos para empezar a saldar la deuda. En cambio, pidieron más tiempo para completar revisiones técnicas antes de formular un esquema de pago.
Con ese escenario, Buenos Aires busca que la Corte avance ahora por la vía cautelar. La Provincia pretende una definición que atienda la urgencia financiera mientras continúa el litigio de fondo, en un conflicto que combina recursos previsionales, equilibrio fiscal y relación institucional entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales.
Kicillof vinculó el caso con el modo en que el Gobierno nacional sostiene su resultado fiscal. El gobernador cuestionó que el superávit se construya con recortes o demoras sobre jubilados, universidades y provincias, y sostuvo que Buenos Aires permanece sin recibir fondos que otras jurisdicciones sí habrían cobrado.
El reclamo previsional forma parte de una disputa más amplia. La Provincia calcula que la deuda total de Nación con el distrito asciende a más de $22 billones si se suman transferencias interrumpidas y pérdida de recaudación. En la estrategia bonaerense, el caso de la caja jubilatoria funciona como una causa testigo ante el máximo tribunal.
La audiencia reunió a funcionarios clave del gabinete provincial, entre ellos el ministro de Economía Pablo López, representantes jurídicos del Estado bonaerense y autoridades del Instituto de Previsión Social. La señal política fue clara: Buenos Aires busca convertir el cierre de la conciliación en una nueva fase judicial del conflicto por recursos federales.
