La Provincia de Buenos Aires abrió una discusión con el Gobierno nacional por el uso de servicios de computación en la nube de Amazon y Google para almacenar y procesar información pública. Sandra D'Agostino, subsecretaria bonaerense de Gobierno Digital, contrapuso esa estrategia con la infraestructura propia desarrollada por la gestión provincial. Su argumento central es que modernizar el Estado no exige transferir a un proveedor privado la capacidad de decidir dónde quedan los datos ni cómo se administra la tecnología.
D'Agostino aclaró que la posición provincial no supone rechazar a Amazon, Google o Microsoft, empresas con las que también trabaja la administración bonaerense. La diferencia, explicó, aparece cuando todos los datos y la tecnología quedan concentrados en una única nube privada. En ese escenario surge el denominado vendor lock-in: una dependencia tecnológica y operativa que dificulta cambiar de proveedor y puede trasladar un conflicto legal a otra jurisdicción, como Brasil.
La advertencia adquiere otra dimensión por la naturaleza de la información estatal. La Provincia procesa documentación administrativa y sistemas vinculados con salud, trabajo, tránsito y otros servicios públicos. D'Agostino sostuvo que el Estado debe garantizar integridad, confidencialidad y seguridad, y expresó dudas sobre el lugar donde se alojan datos de organismos nacionales como el Renaper. Esa referencia fue formulada como una inquietud de la funcionaria, no como una localización comprobada.
El modelo bonaerense se apoya en el Centro de Procesamiento de Datos inaugurado en 2024 dentro del predio de la Comisión de Investigaciones Científicas, en Gonnet. La instalación presta servicios a 52 áreas informáticas de distintos organismos y también ofrece capacidad a municipios. Allí funcionan sistemas de IOMA, Historia Clínica Digital, multas de tránsito, el Ministerio de Trabajo y GDEBA, la plataforma de gestión documental provincial.
La funcionaria señaló que una nube estatal no impide contratar capacidad privada para necesidades puntuales de procesamiento intensivo. Esa utilización, según su planteo, debe ser temporal y no modificar el control estratégico sobre la información. También cuestionó que la Nación recurra a proveedores externos cuando dispone de infraestructura pública a través de ARSAT y reclamó mayor transparencia sobre los proyectos tecnológicos y los convenios vigentes con empresas.
El debate se proyecta sobre la inteligencia artificial. Desde 2024, Buenos Aires trabaja en herramientas y criterios que define como Inteligencia Artificial Soberana, una capacidad que D'Agostino considera inseparable del dominio sobre los datos. La controversia deja abiertas dos preguntas concretas para la administración nacional: dónde permanece la información pública contratada en la nube y qué condiciones aseguran que el Estado conserve la posibilidad de elegir proveedor, tecnología y jurisdicción.
