Organizaciones ambientales y urbanas de la Ciudad de Buenos Aires volvieron a cuestionar la transferencia de suelo público a emprendimientos privados. Su estimación indica que durante los gobiernos del PRO se privatizaron más de 500 hectáreas de tierras estatales y que, solo en la última década, se perdió una superficie verde absorbente equivalente a 75 Plazas de Mayo. El reclamo reúne operaciones de distinto tipo bajo una misma preocupación: el cambio de uso de espacios destinados al patrimonio común.
El caso más reciente se ubica en Parque Ribera Sur, un área natural de 50 hectáreas junto al Riachuelo, en la intersección de las avenidas Roca y General Paz. El 17 de julio, el Gobierno porteño anunció el inicio de las obras de una pista de karting y entregó la administración al fideicomiso vinculado con el Autódromo. Carlos Gradin, integrante del Colectivo Ribereño, sostuvo que no se difundieron detalles de obra, estudios de impacto ambiental ni el marco jurídico de la habilitación.
El área posee además un valor arqueológico específico. Entre Parque Ribera Sur y el Autódromo Gálvez se encuentra La Noria, considerado el sitio arqueológico más antiguo de la ciudad y asociado con presencia querandí entre 1160 y 1240. El Colectivo Ribereño pide que se preserve el uso público y que se adopten medidas de protección histórica, natural y arqueológica antes de consolidar una transformación cuya extensión todavía no fue explicada públicamente.
El inventario crítico incluye los terrenos de la ex AU3 en el corredor Donado-Holmberg, luego destinados a desarrolladores inmobiliarios, y una parte del Barrio Olímpico de Villa Soldati. También incorpora la preadjudicación de la explotación de un hotel de alta gama de 9.930 metros cuadrados en el Parque Olímpico y ocho hectáreas del Parque de la Ciudad, dentro del área U 57 Equipamiento Lacarra, transferidas en 2025 a Access Argentina Sociedad Anónima.
María Eva Koutsovitis, docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería e integrante del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, vinculó esas ocho hectáreas con la pérdida de suelo absorbente y sumó el avance de estacionamientos subterráneos en plazas. El conflicto regulatorio creció en junio, cuando la Legislatura aprobó la Ley Hojarasca y derogó más de veinte normas, entre ellas la ordenanza 46.229, que prohibía privatizar o cambiar el destino de espacios verdes públicos.
La disputa también alcanza tierras nacionales dentro de CABA. En Almagro, agrupaciones vecinales impulsan una microreserva en un predio que el Estado intenta subastar, mientras grandes parcelas ya fueron destinadas a desarrollos de IRSA: 71 hectáreas de la ex Ciudad Deportiva de Boca para Ramblas del Plata, el Playón Ferroviario de Caballito y los terrenos de las ex Bodegas Giol. El próximo frente será definir si los reclamos de protección logran frenar nuevas cesiones o restaurar límites normativos al cambio de uso del suelo público.
