El gobierno de la provincia de Buenos Aires volvió a acusar a la Nación de bloquear avales necesarios para acceder a financiamiento internacional destinado a obra pública.
El planteo fue realizado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, durante la conferencia de prensa semanal en La Plata. El funcionario sostuvo que el ministro de Economía, Luis Caputo, no firma las autorizaciones requeridas para que la Provincia tome créditos de organismos internacionales.
Bianco vinculó esa demora con una decisión política de asfixiar financieramente al distrito gobernado por Axel Kicillof. Según el funcionario, Buenos Aires necesita esos avales para obras prioritarias, entre ellas una planta de tratamiento de líquidos cloacales para La Plata, Berisso y Ensenada.
El reclamo se suma a una disputa fiscal más amplia. La Provincia afirma que mantiene permisos pendientes para acceder a financiamiento por más de 1.000 millones de dólares, mientras Nación sí habría autorizado operaciones externas para otras jurisdicciones.
Bianco también cuestionó la falta de respuesta del jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante un pedido de audiencia realizado por la administración bonaerense. Según dijo, no hubo contestación ni al mensaje de WhatsApp ni a la nota formal enviada por la Provincia.
El diagnóstico económico acompañó el reclamo institucional. El ministro afirmó que la microeconomía está en deterioro, citó caída de recaudación, pérdida de empleo registrado, aumento de morosidad familiar y retroceso del consumo en sectores como supermercados, lácteos, carne, ropa y medicamentos.
En la misma conferencia, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, defendió el sistema provincial de Verificación Técnica Vehicular y cuestionó cambios nacionales que habilitan talleres mecánicos para certificar unidades. También alertó sobre la decisión de congelar la compensación nacional de la tarifa social del transporte.
Para Buenos Aires, el conflicto combina financiamiento, obra pública, transporte y disputa política con la Casa Rosada. La provincia busca presentar el freno a los avales como parte de un patrón de desfinanciamiento que afecta infraestructura, servicios y usuarios vulnerables.
