Bolivia decidió extender por otros 12 meses el congelamiento de los precios internos de los combustibles, una medida que alcanza a la gasolina, el diésel y otros productos energéticos de consumo masivo. La definición quedó plasmada en el Decreto Supremo 5652, firmado el 9 de julio de 2026 por el presidente Rodrigo Paz Pereira, en medio de una transición más amplia de la política energética y cambiaria del país.
La regla preserva durante ese período los valores actuales de referencia para el mercado interno. La gasolina especial seguirá vendiéndose a 6,96 bolivianos por litro y el diésel permanecerá en 9,80 bolivianos por litro. El alcance también incluye al gas natural vehicular, el gas licuado de petróleo y las gasolinas de aviación, incorporando al GNV a un esquema de vigencia que inicialmente no lo contemplaba.
El congelamiento no clausura el cambio de régimen: lo difiere. Al terminar el plazo transitorio, los precios serán calculados con una fórmula que combinará el valor internacional de compra del carburante en dólares, el tipo de cambio promedio del último mes y un factor de ajuste. Con ese diseño, el precio interno quedará conectado por primera vez de manera explícita con variables externas que hasta ahora eran absorbidas principalmente por la política de subsidios.
El factor de ajuste previsto por la norma surge de dividir 10,4003 por el tipo de cambio promedio mensual. Esa mecánica mantiene un componente de amortiguación estatal cuando la cotización oficial del dólar supera ese umbral, porque el Estado continúa cubriendo una parte de la diferencia entre el costo de abastecimiento y el precio que pagan los consumidores.
La decisión se inscribe en un contexto de presión fiscal creciente por las importaciones de combustibles y de revisión del esquema cambiario. Desde fines de 2025, Bolivia comenzó a desmontar gradualmente el tipo de cambio fijo vigente desde 2011 y avanzó hacia un régimen más flexible, lo que obligó a recalibrar la forma en que se sostienen los precios internos de la energía.
El decreto también habilita al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a destinar hasta 1.000 millones de dólares a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos para cubrir la brecha entre los costos de importación y la paridad internacional del petróleo. Si las necesidades financieras de la empresa estatal lo requieren, podrán aprobarse recursos adicionales, incluso en moneda nacional, con la certificación correspondiente del área de hidrocarburos o del ente regulador.
El Gobierno de Paz Pereira busca ordenar el sistema energético con nuevas reglas para hidrocarburos, electricidad e inversiones. La congelación de precios ofrece una pausa social y económica de un año, pero deja planteado el paso siguiente: una estructura de combustibles más ligada al dólar, al petróleo y a la capacidad fiscal del Estado boliviano.
