La posibilidad de suspender las internas abiertas, obligatorias y simultáneas de La Pampa comenzó a circular en la Legislatura condicionada a una decisión nacional: que el Congreso deje sin efecto las PASO para 2027. La iniciativa todavía está en análisis y no existe un proyecto formal, pero su sola discusión altera el tablero electoral porque el mecanismo provincial rige desde 2003 y organiza candidaturas antes de la elección general.
El oficialismo necesitaría un acuerdo interno amplio para avanzar. Sergio Ziliotto no puede buscar una nueva reelección y el peronismo pampeano debe ordenar una sucesión compleja. Suspender las internas puede facilitar una definición negociada entre sectores, pero también reducir la participación de afiliados e independientes en un momento en que el partido necesita legitimar a quien encabece la fórmula.
El impacto más fuerte podría recaer sobre la oposición. La UCR, el PRO y La Libertad Avanza exploran un frente común con liderazgos, estructuras y electorados diferentes. La ley de internas abiertas ofrece una herramienta neutral para resolver quién será candidato a gobernador y cómo se distribuyen los lugares en las listas. Sin esa instancia, las decisiones deberían surgir de acuerdos partidarios o de mecanismos privados.
La UCR es el sector que con mayor claridad defiende la continuidad del régimen. Sus dirigentes sostienen que el armado opositor debe respetar la ley vigente y que una competencia abierta permitiría ordenar la alianza sin imponer un candidato desde Buenos Aires. La Libertad Avanza, en cambio, busca hacer valer su pertenencia al espacio presidencial y puede preferir negociaciones que reconozcan ese peso político.
Sergio Ziliotto queda en una posición delicada porque cualquier modificación será interpretada a la luz de la sucesión. Si el peronismo impulsa la suspensión justo cuando la oposición necesita las internas para resolver sus diferencias, la medida puede ser presentada como una ventaja táctica del oficialismo. Para evitar esa lectura, el Gobierno debería justificarla con razones generales de costo, coherencia institucional y participación.
También existe un problema de estabilidad normativa. Cambiar las reglas electorales cerca de una elección afecta expectativas de partidos, candidatos y votantes. La coordinación con la eventual suspensión nacional puede ser razonable, pero una reforma provincial debería establecer plazos claros, alcance excepcional o permanente y mecanismos alternativos de democracia interna.
El debate obliga además a diferenciar PASO nacionales de EIAOS provinciales. Aunque comparten lógica de primarias abiertas y obligatorias, son sistemas jurídicos distintos. Que uno se suspenda no obliga automáticamente a eliminar el otro. La decisión pampeana debe evaluarse por sus propios efectos sobre competencia, representación, costo y legitimidad.
El próximo paso será esperar la decisión del Congreso y, en paralelo, medir si existe consenso dentro del peronismo. Ziliotto deberá elegir entre preservar una regla conocida o impulsar una suspensión que puede modificar la dinámica opositora y oficialista. La calidad institucional dependerá de que la decisión sea transparente, anticipada y aplicable a todos, no diseñada alrededor de un resultado conveniente.
