El crecimiento de los barrios populares en Viedma se convirtió en un problema urbano que ya no puede leerse solo como déficit habitacional. Un relevamiento de la Fundación Tejido Urbano señala que la superficie ocupada por asentamientos en la comarca Viedma-Carmen de Patagones aumentó 112% entre 2016 y 2025. Nueve de los once barrios registrados se encuentran en la capital rionegrina.
Marcos Castro enfrenta hoy una presión que se acumuló durante distintas administraciones. El intendente no es responsable de todo el crecimiento ocurrido desde 2016, pero sí de la respuesta municipal actual frente a calles anegadas, servicios insuficientes, falta de drenaje y expansión sobre terrenos con riesgo hídrico. La gestión debe actuar sobre una herencia urbana que sigue creciendo.
El ReNaBaP había contabilizado 1.069 familias en barrios como Esperanza, Dos de Enero, Trece de Junio, Puente Viejo, Costa Este, El Progreso, Santa Clara, Unión y Nueve de Julio. El barrio Esperanza cuadruplicó su superficie entre 2018 y 2025, mientras otros sectores aparecieron en áreas previamente no urbanizadas.
El problema más delicado es la infraestructura. Parte de los asentamientos se desarrolló en zonas con anegamientos recurrentes. En marzo, lluvias intensas provocaron calles inundadas, cambios de recorridos y operativos de asistencia. En octubre, nuevas precipitaciones reabrieron reclamos por calzadas y desagües, mostrando que la vulnerabilidad no es excepcional.
El saneamiento agrega otra capa. El Gobierno provincial reconoció problemas de agua y desbordes de efluentes y anunció junto al municipio más de $1.065 millones en obras para alcanzar a 8.250 vecinos. También se proyectan intervenciones en Lavalle, Álvarez Guerrero y en 302 lotes del Distrito Sur.
Marcos Castro necesita demostrar que esas inversiones responden a la escala del problema. La pregunta no es solo cuántas obras se anuncian, sino cuántas familias pasan efectivamente a tener agua segura, cloacas, calles transitables y drenaje. Sin indicadores territoriales, el avance físico puede quedar desconectado de la deuda social.
La expansión de barrios populares también obliga a discutir suelo urbano. Si no hay lotes accesibles, regulación del mercado y programas de urbanización, nuevas familias seguirán ocupando áreas periféricas con servicios tardíos y costos públicos más altos. La política de vivienda debe anticipar expansión, no limitarse a intervenir cuando el asentamiento ya está consolidado.
El próximo paso será medir resultados de las obras anunciadas y elaborar una estrategia plurianual. Castro y el gobierno provincial necesitan coordinar vivienda, drenaje, saneamiento y suelo con prioridades claras. La discusión será más útil si se abandona la lógica de propaganda y se concentra en cuántas familias dejan de vivir en condiciones precarias.
