La discusión por el futuro Código Electoral de Santa Cruz volvió a abrirse de manera abrupta después de que Adriana Nieto, diputada de Por Santa Cruz, anunciara que presentará un proyecto propio. La novedad llegó cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales ya había avanzado sobre un borrador unificado de 108 artículos y preparaba un plenario para el 10 de noviembre con la expectativa de llegar a un despacho.
Nieto sostiene que mantiene diferencias de fondo con varios puntos del texto consensuado y que su bloque acompañará una iniciativa alternativa. El movimiento incomodó a legisladores de otros sectores que venían trabajando durante meses en una redacción común. El problema no es solo el contenido, sino el momento: introducir un nuevo proyecto cerca del cierre del proceso obliga a revisar acuerdos ya alcanzados.
Adriana Nieto aparece como protagonista porque su decisión expone una tensión dentro del propio oficialismo. Por Santa Cruz cuenta con diez diputados, una fuerza relevante pero insuficiente para imponer por sí sola un Código Electoral. Eso significa que, aun si la propuesta de Nieto se convierte en la posición oficial del bloque, deberá conseguir aliados y aceptar modificaciones para reunir mayoría.
Un Código Electoral define mucho más que la fecha de una elección. Puede ordenar sistema de boletas, alianzas, oficialización de candidaturas, financiamiento, paridad, autoridades de mesa, escrutinio, campañas y mecanismos de impugnación. Por eso una modificación integral necesita estabilidad, claridad y tiempo de implementación. Cambiar reglas a último momento puede generar incertidumbre para partidos y electores.
El borrador de 108 artículos había surgido como resultado de meses de trabajo en comisión y mostraba puntos de coincidencia entre fuerzas con intereses distintos. Esa construcción no obliga a aprobarlo sin cambios, pero le otorga un valor político: demuestra que existía una base común. La nueva propuesta deberá explicar con precisión qué artículos rechaza, por qué y qué ventajas institucionales ofrece.
El oficialismo también enfrenta un problema de legitimidad si intenta acelerar un texto propio sin el mismo nivel de deliberación. La reforma electoral debe evitar parecer diseñada para favorecer al gobierno de turno o alterar la competencia de 2027. Audiencias, publicación comparada de proyectos y dictámenes técnicos pueden ayudar a reducir sospechas y mejorar la calidad del debate.
La oposición tiene, al mismo tiempo, la responsabilidad de no transformar el desacuerdo en bloqueo permanente. Santa Cruz necesita reglas electorales claras y actualizadas. Si el sistema vigente presenta vacíos o contradicciones, postergar indefinidamente la reforma también genera costos. El objetivo debería ser preservar consensos ya logrados y concentrar la negociación en los puntos realmente controvertidos.
El 10 de noviembre será una fecha clave para saber si la comisión logra sostener el calendario previsto. Adriana Nieto deberá presentar su texto y convencer a otros bloques de que las diferencias justifican reabrir la discusión. El verdadero examen será si el nuevo proyecto mejora el Código o simplemente desplaza un acuerdo difícilmente construido por una propuesta partidaria.
