El Sindicato de Trabajadores Judiciales de La Pampa declaró estado de alerta y asambleas permanentes en las Defensorías Civiles, en rechazo a la idea de que el Presupuesto 2027 haya dado respuesta suficiente a los reclamos del sector. La medida instala un conflicto que combina condiciones laborales, organización del servicio y acceso efectivo a la justicia para personas que dependen de la defensa pública.
Sergio Ziliotto, referente sindical de los trabajadores judiciales, aparece como uno de los protagonistas de una discusión que busca diferenciar las mejoras institucionales de las condiciones concretas de trabajo. El gremio reconoce que la equiparación salarial de defensores y la creación de nuevas dependencias pueden fortalecer el sistema, pero sostiene que esas decisiones no alcanzan para resolver problemas de quienes sostienen el funcionamiento cotidiano.
Entre los reclamos principales figuran la falta de concursos de ascenso, la escasez de personal, la sobrecarga de tareas, deficiencias edilicias y la ausencia de bonificaciones que reconozcan responsabilidades específicas. Cada punto tiene un impacto operativo. Sin concursos se bloquea la carrera; sin personal aumenta la demora; y sin infraestructura adecuada se deterioran tanto las condiciones laborales como la atención al público.
El Presupuesto 2027 se convierte así en un documento político además de financiero. Si el proyecto presenta las demandas como atendidas, debería identificar qué partidas, cargos, obras y mecanismos concretos corresponden a cada reclamo. Una afirmación general de solución sin cronograma ni indicadores puede profundizar la desconfianza sindical y dificultar la implementación de las mejoras anunciadas.
Las Defensorías Civiles cumplen una función especialmente sensible porque atienden a personas que muchas veces carecen de recursos para contratar representación privada. La falta de personal o las demoras no afectan solo a los empleados: pueden traducirse en menor acceso a derechos, trámites más lentos y sobrecarga de expedientes para profesionales y administrativos.
Sergio Ziliotto y el sindicato plantean que cualquier reforma debe construirse con participación de los trabajadores. Esa demanda tiene una dimensión práctica. Quienes operan diariamente los expedientes conocen cuellos de botella, necesidades de digitalización, distribución de tareas y problemas edilicios que pueden no aparecer en los organigramas.
El conflicto puede descomprimirse si el Poder Judicial y el Ejecutivo convierten el presupuesto en compromisos verificables. Hacen falta concursos con fechas, cargos a cubrir, planes de infraestructura, criterios para adicionales y un seguimiento periódico de carga de trabajo. Las asambleas permanentes pueden funcionar como presión, pero una solución duradera requiere negociación formal.
El próximo paso será saber si las autoridades convocan una mesa específica antes de la aprobación definitiva del Presupuesto 2027. Si Sergio Ziliotto consigue que las demandas operativas entren en la discusión presupuestaria, el conflicto puede producir mejoras institucionales. Si las partes mantienen diagnósticos incompatibles, la tensión en las Defensorías puede crecer y afectar el servicio de justicia.
