El Gobierno nacional aprobó el ingreso del proyecto minero Vicuña al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, una decisión que habilita el despliegue de la mayor inversión privada registrada para la minería argentina.
El yacimiento, ubicado en el noroeste de San Juan, contiene cobre, oro y plata y será operado de manera conjunta por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining. La inversión inicial prevista asciende a 9.712 millones de dólares.
El plan de desembolsos podría escalar en etapas posteriores hasta 18.000 millones de dólares. Con ese volumen de capital, Vicuña se consolida como un proyecto estratégico para la Cordillera sanjuanina y para la inserción argentina en el mercado global del cobre.
El ingreso al RIGI otorga al consorcio estabilidad fiscal, cambiaria y aduanera durante 30 años. Esa previsibilidad aparece como condición central para proyectos de gran escala, largos plazos de maduración y alta demanda de infraestructura.
En régimen comercial, el proyecto proyecta exportaciones superiores a 2.600 millones de dólares anuales. Ese flujo podría convertir al cobre en uno de los complejos exportadores más importantes del país, junto con litio, oro e hidrocarburos no convencionales.
El impacto laboral esperado también es de gran magnitud. La etapa de construcción demandaría 12.000 puestos directos, mientras que la operación sostendría unos 5.000 empleos directos y alrededor de 19.000 indirectos en la cadena de valor.
Las compañías estiman que el 90% del personal técnico y operativo será local. Actualmente, el entramado de proveedores de Vicuña ya incluye 245 contratistas, de los cuales 150 pertenecen y tributan en San Juan.
El desafío será convertir el incentivo fiscal en desarrollo territorial verificable. Para San Juan, Vicuña combina escala exportadora, empleo, proveedores y una oportunidad de reposicionar a la provincia como distrito minero central de la Argentina.
