Los legisladores tucumanos Gerónimo Vargas Aignasse y Carlos Gallia impulsan un proyecto para limitar el impacto de las deudas sobre los salarios de empleados públicos. La iniciativa propone que las obligaciones cobradas mediante el sistema provincial de descuentos no superen el 30% del haber, con el objetivo de preservar una parte mayor del ingreso disponible de cada trabajador.
Vargas Aignasse sostuvo que la mora del sistema financiero formal llegó al 12,8%, un nivel que calificó como el más alto desde 2001 frente a registros habituales de entre 2% y 4%. También afirmó que el incumplimiento en créditos de fintech y billeteras alcanza el 17% y afecta a entre siete y ocho millones de personas. Esas cifras fueron expuestas por el legislador para fundamentar el proyecto.
La propuesta no pretende regular de manera general las tasas del sistema financiero, una materia de competencia federal. Su mecanismo consiste en establecer condiciones para bancos, mutuales u otras entidades que utilicen la planilla provincial como vía automática de cobro. Los créditos que no respeten los límites podrían seguir ofreciéndose, pero sin acceder al código de descuento salarial.
Además del techo del 30%, el texto plantea que las tasas de esos préstamos no superen la variación del Índice de Precios al Consumidor más diez puntos. Sus autores toman como referencia el Decreto nacional 352/2026. Vargas Aignasse comparó ese criterio con costos efectivos anuales que, según su exposición, llegan al 115% para un año, 138% para dos y 150% en plazos mayores.
El expediente se encuentra en comisión y es analizado junto con Carlos Gallia, presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto. Sus impulsores mantienen conversaciones con el vicegobernador Miguel Acevedo y actores del sector. La discusión deberá definir cómo se calcula la base salarial, qué obligaciones entran en el límite y cómo se aplican las condiciones a contratos vigentes y futuros.
El proyecto no está aprobado y todavía puede recibir modificaciones. Tampoco elimina el acceso a préstamos por fuera del sistema de retención provincial. Su efecto concreto, si se sanciona, sería condicionar un mecanismo de cobro asociado al empleo público: protegería una proporción del sueldo y limitaría el costo de los créditos que pretendan descontarse automáticamente de la nómina.
