El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que reforzará el control sobre las 12 cooperativas encargadas de recolectar residuos reciclables en el distrito. La decisión, impulsada por la administración de Jorge Macri, prevé revisar el desempeño de las organizaciones ante reclamos vecinales y deficiencias operativas detectadas en distintos puntos del espacio público.
El diagnóstico oficial menciona incumplimientos de horarios, falta de trazabilidad en los recorridos, uso inadecuado de uniformes y herramientas, y residuos que quedan dispersos en veredas o bloquean contenedores. El Ejecutivo sostiene que esas fallas afectan la limpieza urbana y debilitan la confianza de vecinos y comerciantes que separan materiales para su recuperación.
Las medidas forman parte del Plan de Ordenamiento Urbano y se organizan en cuatro ejes. El primero establece seguimiento en tiempo real de los recorridos para verificar horarios y condiciones de trabajo. El segundo incorpora estándares de calidad, indicadores de desempeño e identificación de responsabilidades. El tercero busca evitar la dispersión de desechos alrededor de contenedores y edificios.
El cuarto eje contempla medir resultados con indicadores transparentes y utilizar esa información para responder con mayor rapidez a los reclamos. La gestión porteña define el objetivo como un servicio controlado, eficiente y transparente, capaz de recuperar más materiales sin deteriorar el espacio público. El anuncio supone una supervisión más estricta, pero no comunicó la suspensión de ninguna cooperativa ni cambios en la cantidad de organizaciones contratadas.
La revisión se suma a inversiones realizadas en el Centro de Reciclaje de Villa Soldati. Durante 2025 se incorporaron obras para ampliar el tratamiento de residuos orgánicos y plásticos, después de que en 2024 comenzara a funcionar una planta de residuos mixtos con capacidad aproximada para procesar 700 toneladas diarias. Esa infraestructura cubre materiales que no eran tratados por otras plantas, Centros Verdes o la recolección programada.
El Gobierno porteño todavía no informó un calendario para aplicar los nuevos controles ni detalló las consecuencias contractuales de un desempeño insuficiente. Por ahora, la decisión concreta consiste en introducir monitoreo, criterios de calidad y evaluación pública de resultados. La implementación determinará si el esquema corrige las fallas sin afectar la continuidad laboral y operativa de quienes sostienen la recolección diferenciada.
