El presidente del bloque de Fuerza Patria en el Senado bonaerense, Sergio Berni, presentó un proyecto para limitar el endeudamiento de los empleados públicos cuyos compromisos se cobran mediante descuentos salariales. La iniciativa procura responder al aumento de la morosidad familiar y se incorpora a una discusión que los gremios estatales ya habían llevado a las negociaciones paritarias con la Provincia.
El texto establece que las obligaciones voluntarias no podrán absorber más del 30% de la remuneración neta protegida. El trabajador deberá conservar al menos el 70% de su haber o una suma equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil. El alcance comprende a la administración central y descentralizada, organismos autárquicos y entidades que liquiden haberes mediante el sistema provincial de códigos de descuento.
El régimen incorpora una alerta temprana cuando las retenciones alcanzan el 20% del salario y un bloqueo automático al llegar al límite legal. También obliga a financieras, mutuales y cooperativas a informar el costo total del financiamiento, prohíbe trasladar cargos administrativos al empleado y contempla multas, suspensiones o bajas del registro ante incumplimientos. El 75% de una tasa mensual sobre la masa de descuentos financiaría un fondo de protección del ingreso y reordenamiento financiero.
La propuesta aparece en un escenario de deterioro crediticio. En mayo de 2026 había 1,84 millones de bonaerenses en mora, con una deuda impaga estimada en $6,49 billones y una tasa provincial del 20,17%. José C. Paz, Presidente Perón y Florencio Varela superaban el 32%, mientras que entre los menores de 25 años la mora llegaba al 46,17%, según los datos citados en el debate público.
En paralelo, el Banco Provincia informó que su programa Ponete al Día había alcanzado a 84.000 clientes con refinanciaciones por $344.800 millones. La herramienta ofrece plazos de hasta 72 meses y tasas diferenciadas según el nivel de atraso y los ingresos. También contempla condiciones específicas para consumos con tarjetas, excombatientes de Malvinas y trabajadoras de casas particulares.
El proyecto de Berni no fue aprobado ni modifica todavía los descuentos vigentes. Su presentación abre una discusión legislativa y también expone diferencias internas sobre cómo debe responder el oficialismo bonaerense al sobreendeudamiento. El punto concreto es la propuesta de fijar un piso de ingreso protegido; su alcance definitivo dependerá del tratamiento en comisiones y de una eventual sanción del Senado y Diputados provinciales.
