El Gobierno de San Juan y Vicuña firmaron un convenio que prevé un aporte anticipado de US$250 millones para financiar infraestructura provincial varios años antes del comienzo de la producción minera. El acuerdo fue anunciado por el gobernador Marcelo Orrego junto a autoridades de la compañía. Para adquirir vigencia completa deberá ser enviado a la Cámara de Diputados y obtener ratificación legislativa.
El monto fue definido como fijo, no reembolsable y no compensable. Se destinará exclusivamente a infraestructura vial, hídrica y de saneamiento, con potencial alcance sobre actividades agroindustriales, energéticas y turísticas además de la minería. La administración y ejecución corresponderán al Estado provincial bajo sus mecanismos de contratación pública.
El convenio crea también un fideicomiso de infraestructura pública financiado con un aporte equivalente al 1,5% del valor bruto de facturación del proyecto una vez que entre en operación. Ese flujo es futuro y depende del inicio productivo. El esquema mantiene, además, regalías mineras de 3% sobre el valor bruto de facturación desde el comienzo formal de la explotación.
Vicuña se comprometió a financiar por su cuenta obras directamente vinculadas con la operación, entre ellas una línea eléctrica y el Corredor Norte, tramo vial que unirá Angualasto con el emprendimiento. Estas obligaciones son distintas del aporte anticipado de US$250 millones y del fideicomiso de 1,5%; no deben sumarse como un único desembolso ni confundirse sus destinos.
El entendimiento contempla finalizar una controversia administrativa iniciada en 2022 por la Declaración de Impacto Ambiental. Las partes presentan ese cierre como un elemento de previsibilidad para el proyecto. La negociación se extendió durante más de un año y medio e incluyó reuniones en San Juan, Buenos Aires, Santiago de Chile, Vancouver, Nueva York y la convención PDAC.
El próximo paso será el tratamiento legislativo y, si el convenio es ratificado, la instrumentación del aporte y de las obras. Hasta entonces, la firma representa un acuerdo sujeto a aprobación, no fondos ya ejecutados. Su carácter anticipado modifica la relación temporal entre proyecto e infraestructura, pero el control público deberá verificar destino, contratación, auditoría y cumplimiento de cada obligación separada. La ratificación definirá si el esquema acordado se convierte en una obligación exigible.
