El Bloque Bloquista de la Cámara de Diputados de San Juan respaldó el acuerdo firmado por el gobernador Marcelo Orrego con Vicuña Argentina, pero presentó ese acompañamiento como condicionado. El entendimiento prevé un aporte anticipado de 250 millones de dólares no reembolsables para infraestructura pública. La fuerza provincial valoró la llegada de capital antes de la explotación minera y, al mismo tiempo, reclamó transparencia y seguimiento de cada etapa.
El esquema económico combina el fondo inicial con regalías calculadas sobre la producción futura. La empresa deberá pagar el 3% sobre el valor bruto de comercialización y sumar, a partir del sexto año de producción, un aporte adicional del 1,5% destinado exclusivamente a obras comunitarias y productivas. Son mecanismos diferentes: los 250 millones se anticipan y no se devuelven, mientras los porcentajes dependen del inicio y la evolución comercial del proyecto.
El bloquismo colocó al departamento Iglesia en el centro de su posición. Sostuvo que la zona directamente vinculada con la transformación minera debe recibir beneficios prioritarios mediante mejores servicios, obras viales, energía, salud y nuevas fuentes de trabajo. Ese criterio territorial busca que una parte identificable de los recursos se traduzca en infraestructura local, y no quede absorbida únicamente por proyectos generales de alcance provincial.
El apoyo no implica una autorización sin controles. Los legisladores se comprometieron a vigilar la ejecución y exigieron que cada desembolso pueda vincularse con obras transparentes, duraderas y verificables. La postura combina respaldo a la inversión con una función de fiscalización: acompañar las iniciativas que impulsen el desarrollo, pero revisar el uso de los fondos, los plazos y el cumplimiento de los destinos anunciados.
El convenio produjo una rápida toma de posiciones en la política sanjuanina. El oficialismo destacó la señal de confianza inversora y la disponibilidad de recursos antes de que comience la explotación, mientras otras fuerzas analizaron el alcance económico y los beneficios para los departamentos involucrados. El pronunciamiento bloquista se ubicó entre ambos planos: reconoció la oportunidad financiera, pero evitó convertir el anuncio en un resultado definitivo antes de que el dinero llegue y las obras se ejecuten.
La siguiente fase será la implementación. Allí deberán precisarse el cronograma del aporte, los proyectos financiados, los mecanismos de rendición y la aplicación futura de las regalías del 3% y del fondo adicional del 1,5%. Para el Bloque Bloquista, el acuerdo será evaluado por su capacidad de transformar el ingreso minero en infraestructura y empleo, especialmente en Iglesia. Su respaldo quedará así sujeto a que el control legislativo pueda seguir cada recurso desde el desembolso hasta la obra terminada.
