Miguel Nanni asumió la presidencia de la Auditoría General de la Provincia de Salta con el objetivo declarado de mejorar los tiempos de respuesta y recuperar la confianza pública en el organismo. Su elección al frente del Colegio de Auditores fue unánime después de que se completara la integración de sus cinco miembros.
El exlegislador sostuvo que su nueva responsabilidad exige abandonar la lógica partidaria y adoptar un criterio técnico. La Auditoría ejerce el control externo de la hacienda pública provincial y analiza qué se hizo con los recursos aportados por la ciudadanía. Nanni señaló que su experiencia previa en la elaboración de leyes y presupuestos ahora deberá ser utilizada desde el lado de la fiscalización.
Uno de sus diagnósticos es que el organismo llega tarde con parte de sus controles. Afirmó que la demora reduce el efecto de los informes y que existen disidencias públicas que dañaron la imagen institucional. Su prioridad será normalizar el funcionamiento, ordenar expedientes atrasados y evitar que la atención de esos antecedentes desplace la revisión de asuntos nuevos.
Nanni definió el control como una tarea financiera y legal que también debe evaluar economía, eficiencia y eficacia. Planteó que los auditores deben expresarse a través de informes objetivos y no utilizar la institución para actuar como oficialismo u oposición. Esa independencia será un criterio central para medir la coherencia entre sus anuncios y los documentos que produzca el cuerpo.
Para reducir el atraso, anticipó convenios con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y la Universidad Nacional de Salta. También propuso incorporar inteligencia artificial para procesar información y fortalecer los controles. No se detallaron todavía las herramientas, protocolos de protección de datos, plazos de implementación ni expedientes que serían priorizados con esa asistencia.
El nuevo presidente se comprometió a volver dentro de seis meses con resultados cuantificables. La promesa establece un horizonte concreto de rendición de cuentas, pero las mejoras anunciadas aún deben ejecutarse. Su desempeño podrá evaluarse por la reducción efectiva de demoras, la calidad técnica de los informes, la publicidad de sus conclusiones y la capacidad de sostener independencia frente a los actores controlados.