El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, cuestionó decisiones de sectores de la Justicia y reclamó poner fin a lo que denominó un garantismo ideologizado. Según su planteo, ciertos criterios judiciales benefician a personas condenadas o detenidas y relegan la atención de las víctimas, una interpretación que formuló en términos políticos y sin anunciar un proyecto normativo específico.
Torres mencionó como ejemplo las dificultades que, a su entender, enfrentó el Gobierno para retirar teléfonos celulares a internos de las cárceles y prevenir estafas telefónicas. También criticó medidas judiciales relacionadas con la alimentación en lugares de detención. Las condiciones de encierro y las restricciones de comunicaciones están sometidas a normas y control judicial, aun cuando el Ejecutivo discrepe con resoluciones concretas.
El mandatario recordó además un hábeas corpus que, según su relato, permitió que un interno considerado peligroso mantuviera encuentros presenciales con una psicóloga porque rechazaba la modalidad virtual. Afirmó que esa persona protagonizó después un intento de fuga. La información difundida no identifica el expediente, la resolución completa ni las razones jurídicas evaluadas por el tribunal.
En sus declaraciones, Torres pidió que las políticas de seguridad coloquen a las víctimas en el centro y sostuvo que los detenidos no deben ser tratados como si ocuparan ese lugar. La formulación reúne situaciones procesales diferentes: una persona condenada y una persona sometida a prisión preventiva no tienen el mismo estado jurídico, y toda respuesta estatal debe respetar las garantías constitucionales aplicables.
El gobernador utilizó la expresión “depurar la Justicia” para reclamar una modificación del enfoque que atribuye a algunos magistrados. No precisó si propone reformas legales, procedimientos disciplinarios, cambios en designaciones o recursos contra fallos determinados. Cualquier intervención sobre jueces exige competencias y procedimientos definidos, además del respeto por la independencia del Poder Judicial.
Por ahora, la intervención fija una posición política dura sobre seguridad, víctimas y condiciones carcelarias. No constituye una reforma aprobada ni identifica magistrados sometidos a procesos disciplinarios. El alcance real dependerá de que el Ejecutivo transforme la crítica en iniciativas concretas, verificables y públicas y de que estas sean tratadas por los órganos competentes con las garantías institucionales correspondientes.
