Las comisiones de Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitieron dictámenes contrapuestos sobre el futuro de la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedra Buena. El debate giró alrededor de un proyecto para derogar la Ley 27.154, sancionada en 2015, que creó el tribunal pero no logró ponerlo en funcionamiento durante once años.
La iniciativa derogatoria fue impulsada por el diputado santacruceño José Luis Garrido mediante el expediente 2331-D-2026. El legislador sostuvo que mantener una estructura presupuestada y no operativa no constituye un uso responsable de los fondos, y propuso reasignar esos recursos a dependencias judiciales que ya tienen necesidades concretas.
El sector contrario a la derogación reunió un dictamen mayoritario por un margen estrecho, mientras los promotores de la baja firmaron una posición de minoría. La articulación para sostener la ley incorporó votos de distintos bloques y provincias. Ese resultado ordena el trámite en comisión, pero no equivale a una sanción de la Cámara ni vuelve irreversible la continuidad del tribunal.
Juan Carlos Molina y Jorge Araujo Hernández defendieron la creación como una herramienta de acceso a la Justicia para la Patagonia Austral. Argumentaron que utilizar la baja densidad demográfica para retirar instituciones perjudicaría de manera sistemática a la región. También plantearon que podría evaluarse una sede alternativa en Río Gallegos o Ushuaia sin modificar la jurisdicción prevista.
La diputada Ana María Ianni agregó que el funcionamiento se financiaría con partidas nacionales del Consejo de la Magistratura y no con recursos provinciales de salud o educación. La Cámara fue diseñada para revisar causas de juzgados federales de Santa Cruz y Tierra del Fuego; mientras no sea habilitada, esas apelaciones continúan bajo la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.
La discusión permanece abierta. Para derogar la Ley 27.154 se requiere la aprobación del recinto y la continuidad del trámite parlamentario; para hacer funcionar el tribunal también hacen falta decisiones administrativas, presupuesto e infraestructura. El dictamen mayoritario frenó la eliminación en la etapa de comisiones, pero no constituye el blindaje jurídico definitivo que algunas lecturas políticas atribuyeron al acuerdo legislativo finalmente alcanzado.
